El mundo de los deportes se ve sacudido por los nuevos patrocinantes ¨las firmas o empresas de criptomonedas”. Hace años, en la Formula 1, los monoplazas de Ferrari volaban con la marca de tabaco Marlboro inscrita en su alerón trasero. En el caso del piloto socialista bolivariano, el emblema era el de PDVSA y en el caso de equipos de futbol resaltaban las tres rayas de Adidas o la figura del Puma. Ahora comienza a mostrarse la cabeza de un nuevo monstruo que está invirtiendo agresivamente en los deportes con más seguidores. Se comprobó en el último Super Bowl, la retransmisión deportiva por excelencia en EE UU y también la más cara para los anunciantes, donde la plataforma estadounidense de compra y venta de criptomonedas, Coinbase, pagó por un minuto de espacio casi 14 millones de dólares.

Los ejemplos de compañías de criptoactivos que tratan de asociar su imagen al deporte son muchos. El antiguo Staples Center, donde juegan Los Angeles Lakers, será el Crypto.com Arena durante al menos 20 años a cambio de 700 millones de dólares. Rebautizar la cancha de los Miami Heat fue más económico; por 135 millones pasó de American Airlines Arena a llamarse FTX Arena los próximos 19 años. La compañía FTX, empresa para el negocio de las criptomonedas, con sede en Las Bahamas y operaciones de un volumen de intercambio de aproximadamente 10.000 millones de dólares, cuenta en este momento con más de un millón de usuarios.

El establecimiento y crecimiento de este nuevo y lucrativo negocio tiende a estar presente en los deportes con mayor rentabilidad económica. Por ejemplo, la camiseta del Inter de Milán lleva un mensaje de Socios.com, que se está expandiendo a muchos otros clubes. Y Crypto.com patrocinará el Mundial de Qatar. En el automovilismo, la mayoría de las escuderías de F1 cuentan entre sus patrocinadores a plataformas como Crypto.com, Socios.com, Binance, FTX o Fantom.

En otros deportes hemos visto como la firma austriaca Bitpanda patrocinó el Mutua Madrid Open de tenis de este año y la Copa Davis de 2021. Varios equipos de futbol de Primera han llegado a acuerdos con Chiliz, la dueña de Socios.com, que también firmó con la UEFA y con La Liga de futbol española. Y el Baskonia de baloncesto tiene como principal patrocinador a Bitci, una plataforma turca que paga dos millones de euros por dar nombre al equipo y aparecer en la camiseta una temporada.

En este floreciente negocio, no todo es color de rosa. El incumplimiento de sus contratos está generando desconfianza. El FC Barcelona firmó el 4 de noviembre del año pasado un acuerdo con Ownix para lanzar una colección de NFT, pero canceló el acuerdo dos semanas después, cuando detuvieron por fraude con criptomonedas a Moshe Hogeg, propietario del club israelí Beitar, y vinculado a la plataforma de cripto. Más recientemente, la Federación Española de Fútbol aplazó un acuerdo con la china Huobi —ahora con sede en Gibraltar— hasta que aclare su situación legal. El equipo de F1 McLaren, los equipos de fútbol Sporting de Portugal y el Spezia italiano han roto sus contratos por los impagos.

Frente a la proliferación de reclamos y denuncias, las empresas buscaron el camino de contratar personalidades, o como los llaman ahora “influncers”, en las que el gran público confía para ganar respetabilidad y contrarrestar los mensajes negativos que las asocian a fraudes, blanqueo y especulación. Por eso, la plataforma Binance contrató a Andrés Iniesta para que publicara un tuit donde decía que había elegido a Binance para iniciarse en el mundillo. ¿Su público potencial? Más de 25 millones de seguidores, entre ellos jóvenes de menor cultura financiera. Binance anunció un acuerdo con Cristiano Ronaldo para lanzar colecciones de NFT que se podrán comprar solo en su plataforma. El portugués tiene 459 millones de seguidores en Instagram.

Las entidades deportivas que se asocian a las criptomonedas afrontan grandes riesgos. ¿Qué pasaría si la plataforma que las patrocinan se hunde y hace desaparecer los ahorros de miles de pequeños inversores? La caída de Luna (Terra), que solo tres meses antes de su quiebra firmó un acuerdo de patrocinio con los Washington Nationals —parte de la MLB, la principal liga de béisbol de EE UU—, muestra que esa no es una hipótesis descabellada.

Hasta ahora, las criptomonedas se han convertido en una especie de trama piramidal posmoderna; el mundo de las monedas virtuales en los deportes no ha pasado de ser un “criptofraude”.

Para comprender que es un NFT también conocido como Token no Fungible, es necesario tener una noción de que es la tecnología blockchain. El tema es amplio y complejo, pero se puede pensar en blockchain como una red pública que mantiene registros de transacciones y que permite intercambiar dinero, así como también ejecutar códigos, manteniendo segura la información a través de algoritmos criptográficos.

Entonces, ¿qué es un NFT?

Las siglas de NFT vienen de Non Fungible Token o Token no Fungible. “No Fungible” significa que no puede ser intercambiado por otro ítem de su misma clase porque es único. Un ejemplo de ello es una pieza de arte que no podría ser intercambiada por otra obra al poseer cada una propiedad únicas.

Un ejemplo: Supongamos que se tiene la posibilidad de tomarle una foto a la obra “Espectadores” del artista argentino León Ferrari y esa imagen se imprime en una muy alta calidad. Por más de que la calidad se acerque a la del cuadro, nunca va a tener el mismo valor, ya que solo existe una obra llamada “Espectadores” pintada por Ferrari.

Por otro lado, fungible quiere decir lo contrario. Es decir, un ítem que puede ser intercambiado por otro como el dólar o una criptomoneda como el bitcóín. En pocas palabras, se puede intercambiar un dólar por otro dólar o un bitcoin por un bitcóin y quien realizó la operación seguiría teniendo lo mismo.

Por su parte, la palabra token hace referencia a un archivo digital dentro de la blockchain al cual se le puede hacer seguimiento de manera muy sencilla.

Entonces, los NFT son tokens registrados en una blockchain y que representan ítems únicos. Pero, la pregunta que surge es ¿cómo se puede identificar al verdadero dueño de un archivo digital? Es complicado, ya que un archivo digital puede ser multiplicado cientos de veces.

Sin embargo, para eso llegaron los NFT, porque cualquier persona que así lo desee puede convertir un archivo digital en NFT que va a contener información sobre él, cómo una huella digital única del token y un símbolo del token, así como un nombre.

Por lo general, este token es almacenado en la blockchain de Ethereum, y la persona que lo creó ahora es el dueño único de esa ficha al haber un registro único global y que no puede ser alterado maliciosamente. Ahora ese token puede ser vendido a través de una transacción en la blockchain.

Esto significa que el dueño del token le pasa la propiedad de ese archivo a otro usuario a cambio de dinero, y de nuevo, la blockchain se encarga de que esa información no pueda ser manipulada y permite rastrear quién es el nuevo dueño de ese archivo.

¿Cómo generar un NFT?

El primer paso para originar un NFT gratis es visitar el sitio Apps Pie Design. Es una plataforma de diseño bastante amigable, con una multitud de funciones y especificaciones que cualquier persona con un teléfono móvil o una computadora puede comenzar a usar para crear sus propios diseños.

En la plataforma se deberá generar una cuenta. Este paso es bastante simple, ya que una vez iniciada la sesión podrá comenzar a crear NFT con facilidad. Solo hay que hacer clic en “Crear Nuevo” y seleccione “Generador de NFT” en el menú desplegable.

Cargar ilustraciones preexistentes

En caso de contar con trabajos previos hechos como fotografías, diseños o lo que la imaginación proponga, se puede generar una propia colección de cripto-coleccionables. Después de hacer NFT cualquier de ellos, podrá venderlos o intercambiarlos fácilmente en línea usando criptomonedas e incluso generando regalías sobre ventas futuras.

Generar una colección NFT

Después de entender como funciona la página de Apps Pie Design, ya se puede generar el resultado final. Para eso hay que hacer clic en el botón “Generar colección NFT” que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí se abrirá una ventana, donde puede ingresar la cantidad de combinaciones únicas que desea crear empleando las capas y los elementos que agregó al diseño del NFT.

En el portal web mencionado anteriormente podrá generar miles de NFT únicos, con una combinación variable de todos los elementos, y luego proceder a acuñarlos en algunos mercados NFT de los más famosos como es OpenSea.

Es esencial acuñar el NFT para democratizar la propiedad, las ventas y el comercio de un activo digital no fungible. Acuñarlos permite que su obra de arte se pueda comercializar o comprar de manera flexible en el mercado.

Cómo vender un NFT

Por ejemplo, para vender la creación en OpenSea, que resulta muy intuitivo y fácil de utilizar. Primero se deberá crear un perfil, donde pueda consultar todos sus activos digitales (previamente conectados con una billetera digital, se recomienda Metamask) acuñados en la Wallet.

Para vender un NFT, tendría que establecer su tipo y precio o también se puede subastar, poniéndole un precio inicial, una fecha de vencimiento y un umbral de precio. La venta puede durar un día, tres o una semana.

Perfil

https://www.perfil.com/noticias/economia/nft-que-es-para-que-sirve-y-com...

Aunque las autoridades de Florida han dado poca información sobre cómo se diseñó el programa, ya han empezado a conocerse más detalles de los vuelos y varios relatos conducen a una mujer con experiencia en contrainteligencia militar.

En junio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un presupuesto que reservaba 12 millones de dólares a fin de crear un programa para transportar migrantes sin permisos y sacarlos de su estado. Lo presentó como lo más destacado del nuevo gasto estatal en materia de inmigración.

Pero tan solo tres meses después, el dinero se utilizaba en un lugar muy alejado de Florida, de una manera muy diferente: para reunir a los solicitantes de asilo venezolanos en las calles de San Antonio y enviarlos en aviones privados a Massachusetts.

Los vuelos del mes pasado, en los que viajaban 48 personas que habían migrado a Estados Unidos, atrajeron la atención internacional y fueron motivo de críticas por parte de los demócratas, además de varios recursos judiciales. DeSantis se adjudicó de inmediato el mérito de lo que parecía ser una maniobra política: arrojar a decenas de solicitantes de asilo a las puertas de los demócratas del noreste que se han resistido a los llamados para tomar medidas drásticas contra la inmigración.

Las autoridades de Florida han dado poca información sobre el programa o sobre cómo se diseñó. Pero ya han empezado a conocerse detalles de la misión clandestina que se llevó a cabo sin que ni siquiera el gobernador de Texas, Greg Abbott, también republicano, lo supiera: vuelos pagados con dinero del estado en una posible violación de la ley estatal que asignó el dinero; una compañía aérea de vuelos chárter vinculada políticamente al gobernador de Florida.

Y, en medio de todo ello, una mujer con experiencia en contrainteligencia militar que los investigadores creen que fue enviada a Texas desde Tampa, Florida, para llenar los aviones.

Hasta ahora, se sabía poco de la mujer que, según los migrantes, se identificaba solo por su nombre de pila, “Perla”, cuando los invitaba a subirse a los vuelos. Una persona de la Oficina del Alguacil de San Antonio con conocimiento sobre el asunto le dijo a The New York Times que la persona que se está investigando en relación con la operación es una mujer llamada Perla Huerta.

Huerta, quien fue médico de combate y agente de contrainteligencia, fue dada de baja el mes pasado después de dos décadas en el ejército de Estados Unidos durante las cuales tuvo varios despliegues en Irak y Afganistán, según los registros militares.

Un inmigrante venezolano que colaboraba con Huerta para reclutar a otras personas migrantes confirmó su identidad. Y un hombre en San Antonio a quien Huerta no logró captar la identificó en una fotografía durante una entrevista con el Times. Varias personas migrantes que fueron trasladadas en Martha’s Vineyard la fotografiaron en San Antonio cuando fueron reclutadas, según comentó Rachel Self, una abogada que representa a los migrantes. Los abogados que trabajan con ellas pudieron hallar coincidencias entre esas fotos y otras que hay en internet y en redes sociales de una mujer llamada Perla Huerta.

No fue posible contactar a Huerta por teléfono ni en su casa en Tampa.

El hombre que dijo haber trabajado con ella para ayudar a convencer a otros migrantes habló bajo condición de que no se usara su nombre debido a que se está investigando lo sucedido. Dijo que conoció a Huerta el 10 de septiembre afuera del Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio.

Ella le pidió que la ayudara a reclutar a otros migrantes venezolanos como él. Pero dijo que se sintió traicionado, porque nunca mencionó que trabajaba para el gobierno de Florida. “También me mintieron. De haberlo sabido, no me habría involucrado”, mencionó y agregó que ella solo le dijo que “ella quería ayudar a la gente a ir al norte”.

La labor de trasladar en avión a los migrantes a Martha’s Vineyard parecía mucho menos organizada que el programa de más amplio alcance creado por Abbott en Texas que trasladó en autobús a más de 11.000 migrantes de su estado a tres ciudades del norte del país gobernadas por demócratas: Washington D. C., Nueva York y Chicago.

Pero el objetivo de ambos gobernadores era el mismo: llamar la atención sobre el gran número de migrantes que llegan a diario a la frontera sur sin permiso legal y obligar a los demócratas a ocuparse de los migrantes a los que dicen dar la bienvenida.

En el caso de los vuelos a Martha’s Vineyard, los registros del estado de Florida muestran que el 8 de septiembre se le pagaron 615.000 dólares a una empresa de vuelos chárter, Vertol Systems, y, menos de dos semanas después, otros 950.000 dólares. El primer pago fue por el “proyecto 1” y el segundo por “proyectos dos y tres”. Hasta este momento, las autoridades de Florida solo reconocieron los vuelos iniciales y no han dicho que haya planes para más vuelos.

El dinero para trasladar en avión a los migrantes provino de una asignación especial de 12 millones de dólares en el más reciente presupuesto estatal, esta partida le otorga fondos al Departamento de Transporte para crear un programa “que facilite el transporte de extranjeros indocumentados fuera del estado”.

El programa fue concebido como una medida para contrarrestar la cantidad de migrantes sin permiso legal que el gobierno federal llevaba en avión al estado. Hasta el mes de agosto, DeSantis dijo que los fondos aún no se habían utilizado, porque los grandes grupos adicionales de migrantes que se esperaban no se habían materializado.

El gobernador tenía la mirada puesta en el lugar al que llegaban la mayoría de los migrantes en un principio: Texas.

Varios legisladores estatales demócratas objetaron. “Ellos diseñaron este proyecto de ley, establecieron las reglas del juego y ni siquiera pueden cumplirlas”, dijo el senador demócrata estatal Jason Pizzo sobre el gobierno de DeSantis. Pizzo presentó una demanda en el tribunal estatal de Florida con la esperanza de hacer que el estado deje de gastar más dinero en ese tipo de vuelos.

No se han hecho públicos los contratos estatales que detallan el gasto, y poco ha dicho el gobierno de DeSantis sobre el papel desempeñado por las autoridades de transporte del estado en la organización o coordinación de los vuelos.

“Llevo demasiado tiempo en esto como para saber que el estado de Florida está siendo poco claro con toda intención en lo que respecta a este incidente”, dijo Michael Barfield, director de acceso público al Centro para la Rendición de Cuentas Gubernamental de Florida. “Creo que hay un mal uso de los fondos estatales”.

Vertol Systems, empresa fundada a mediados de los años noventa, ofrece servicios de mantenimiento y capacitación en aviación y sí trabaja para el gobierno de Estados Unidos. A lo largo de los años, la compañía ha ido relacionándose con los poderosos del Partido Republicano en Florida.

Los registros de juzgados muestran que Vertol fue representada en una ocasión de litigio por Matt Gaetz, ahora congresista republicano y aliado cercano de DeSantis. Otro abogado a quien la empresa recurrió para una serie de demandas, según con la información reportada en primera instancia por NBC News, fue Larry Keefe. Keefe ahora funge como el zar de seguridad pública de DeSantis y lidera los esfuerzos en materia migratoria.

Vertol y su jefe, James Montgomerie, también han hecho donativos a legisladores republicanos entre ellos Gaetz y el representante Jay Trumbull, quien encabezó el Comité de Asignaciones este año cuando los legisladores destinaron el dinero para un programa inicialmente destinado a reubicar a los inmigrantes de Florida.

Montgomerie no respondió a varios pedidos de comentario.

La historia del modo en el que los migrantes fueron reclutados para los vuelos la relataron decenas de ellos en entrevistas con abogados y periodistas después de llegar, desconcertados y con pocos recursos, a lo que comprendieron que era una isla turística remota.

Según cuentan la mayoría de ellos, una mujer llamada Perla se les había acercado en San Antonio para hablarles de vuelos gratuitos a Massachusetts.

La mujer les dijo que allá había trabajos y gente que les ayudaría, y proporcionó a los migrantes, en su mayoría indigentes, comidas gratuitas en McDonald’s y un lugar para alojarse en un hotel cercano, La Quinta Inn, antes del vuelo.

Cada uno de los migrantes recibió un fólder rojo con un mapa de Estados Unidos, en el que una flecha se extendía de Texas a Massachusetts. Otro mapa con la forma de Martha’s Vineyard tenía un punto que mostraba la ubicación del aeropuerto y otro punto para un centro de servicios comunitarios.

En el fólder también iba un folleto, al parecer falso, con el título “Beneficios para Refugiados Migrantes” en inglés y español. La portadilla proclamaba: “Massachusetts le da la bienvenida” y mostraba una bandera estatal desactualizada. En la parte posterior se incluían los nombres y número de teléfono de una iglesia, una sinagoga y una organización sin fines de lucro en Martha’s Vineyard.

El panfleto, revisado por el Times, también prometía “hasta ocho meses de asistencia en efectivo” para los refugiados “elegibles por ingresos” en Massachusetts, al parecer imitando las prestaciones que se les ofrece a los refugiados que llegan a Estados Unidos a través del programa oficial de reubicación del país, del que no formaban parte los venezolanos.

“Nos engañaron en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, y luego en Estados Unidos”, dijo Carlos Guanaguanay, de 25 años, quien fue abordado por la mujer de nombre Perla cuando recorría los pasillos de un supermercado cercano a un albergue donde se había estado hospedando en San Antonio.

Le había dicho que buscaba trabajo y ella le hizo una oferta que le pareció difícil resistir.

Había tardado un mes y 20 días en llegar a la frontera de Estados Unidos, dijo, con poca comida y sin lugar donde dormir y se entusiasmó ante la promesa de un transporte que lo llevaría a un lugar donde lo cuidarían y le ofrecerían un trabajo. “Podemos trabajar de lo que sea”, dijo Guanaguanay, dijo. “Estamos aquí por nuestras familias”.

Los hombres, mujeres y niños que se apuntaron para viajar, volaron desde San Antonio y aterrizaron primero en Crestview, Florida. Los migrantes no bajaron del avión, el vuelo hizo otra escala en Carolina del Sur antes de llegar a su destino final en Martha’s Vineyard el 14 de septiembre.

Una vez ahí, dijeron varios migrantes en entrevistas, unas camionetas que los estaban esperando los llevaron cerca de un centro comunitario, adonde se les dijo que tocaran la puerta. La mujer que abrió no sabía quiénes eran y tampoco hablaba español.

“Cuando abrieron sus teléfonos y pusieron Google Maps para ver dónde estaban y se dieron cuenta de que estaban completamente rodeados de agua… eso fue terrorífico”, dijo Dylan Fernandes, representante demócrata por Massachusetts, quien se reunió con algunos de los recién llegados. Algunos intentaron, en vano, hallar un puente.

Beth Folcarelli, directora del centro Martha’s Vineyard Community Services, dijo que estaba en su oficina hablando con un integrante del personal alrededor de las 3:45 p. m. cuando vio por la ventana a un grupo de personas que caminaban en dirección a la organización sin fines de lucro.

“Las personas que se acercaban parecían curiosas y buscaban ayuda”, recuerda. Salió a preguntar qué necesitaban.

Lo único que entendió fueron las palabras “Venezuela” y “refugiados”, así que regresó a toda prisa al centro para pedir ayuda a una gerente llamada Geany Rolanti, que habla español.

Al final, 48 personas de los vuelos, incluidos varios niños, se reunieron en el estacionamiento de la organización.

Los trabajadores de la organización estaban confundidos: ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron aquí?

Uno de los migrantes le dijo que les habían prometido que la organización comunitaria les ayudaría a conseguir vivienda y empleo.

Poco después, los migrantes recibían artículos de una tienda local de segunda mano, Chicken Alley: pantalones, camisetas, zapatos. Las tiendas de la zona donaron ropa interior. Una línea telefónica de la isla fue inundada con llamadas de personas que deseaban ayudar. Los donativos y los voluntarios llenaron la iglesia en la que los migrantes durmieron dos noches en catres.

La mayoría de los migrantes acabaron en una base militar en Cape Cod, donde dormían en cuarteles vacíos. Pero ninguno parece saber qué sucederá ahora.

Los miembros del personal del centro comunitario en Martha’s Vineyard lograron que un migrante llamado Pablo llamara a Venezuela, comentó Rolanti. El hombre parecía abatido.

“Mi amor, nos engañaron”, le dijo a su esposa, llorando sin poder controlarse. “Esta mujer nos mintió. Nos mintió”.

Frances Robles, Mike Baker y Remy Tumin colaboraron con este reportaje. Susan C. Beachy colaboró con la investigación.

Edgar Sandoval es un reportero de la sección Nacional, donde escribe de la gente y los lugares del sur de Texas. Antes fue reportero en diarios en Los Ángeles, Pennsylvania y Florida. Es autor de The New Face of Small Town America. @edjsandoval

Miriam Jordan es corresponsal en la sección Nacional. Cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración por más de una década en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, Israel, Hong Kong e India.

Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que abarca Florida y Puerto Rico. Escribe sobre noticias de última hora, política, catástrofes y las peculiaridades de la vida en el sur de Florida. Se unió al Times en 2017, tras una década en The Miami Herald.

J. David Goodman es jefe de la corresponsalía de Houston, que cubre Texas. Ha escrito sobre gobierno, justicia penal y el papel del dinero en la política para el Times desde 2012. @jdavidgoodman

4 de octubre 2022

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2022/10/04/espanol/migrantes-desantis-marthas...

Las inundaciones, sequías, olas de calor e incendios que están devastando muchas partes del mundo ponen de manifiesto dos hechos fundamentales. En primer lugar, el daño a los suministros de agua dulce genera cada vez más presión sobre las sociedades (en particular las pobres), con amplias consecuencias respecto de la estabilidad económica, social y política. En segundo lugar, el impacto combinado de las condiciones extremas actuales no tiene precedentes en la historia de la humanidad y supera la capacidad de respuesta de las autoridades.

En África oriental, una devastadora sequía que ya dura cuatro años ha destruido los medios de vida de millones de personas y ha dejado a más de 20 millones en riesgo de morir de hambre. En Pakistán, las últimas inundaciones han dejado bajo el agua un tercio de la superficie del país; al menos 1500 personas han muerto hasta el momento, y se ha perdido el 45% de la cosecha de este año. En China, una ola de calor nunca antes vista ha causado grave escasez de agua en regiones que equivalen a un tercio de la producción de arroz del país.

Además, sequías e incendios en Estados Unidos y Europa, y graves inundaciones y sequías en toda la India, han reducido la producción mundial de granos y las exportaciones de alimentos; eso resalta hasta qué punto la producción alimentaria depende de grandes volúmenes de agua estables. Con el agravante del efecto de la guerra en Ucrania sobre el suministro de granos y fertilizantes, existe un riesgo sustancial de que esta crisis mundial de alimentos perdure.

Por primera vez en la historia, la actividad humana pone en peligro el agua en su origen mismo. El cambio climático y la deforestación están alterando la temporada de monzones; eso provoca derretimiento del hielo en la meseta del Tíbet y afecta el suministro de agua dulce del que dependen más de mil millones de personas. El aumento mundial de temperaturas modifica los patrones de evaporación y reduce la retroalimentación de humedad desde los bosques, lo cual altera las precipitaciones viento abajo. Y el hecho mismo de que el ciclo global del agua esté desestabilizado contribuye a agravar el cambio climático. Por ejemplo, el agotamiento del agua en el suelo y en los bosques reduce su capacidad para la captura de carbono.

Restricciones al uso del agua, cortes de energía y otras medidas provisorias no pueden seguir ocultando el hecho de que nuestros sistemas de gobernanza y gestión del agua no son adecuados para un mundo de cambio ambiental a gran escala. Todos nuestros esquemas actuales dependen del supuesto (que ya no es válido) de que el suministro de agua es relativamente estable (dentro de los límites de variabilidad natural), predecible y manejable en forma localizada. Pero la crisis del agua es global, y sólo puede resolverse con un cambio de mentalidad y nuevos modelos de gobernanza.

Debemos reconocer el hecho de que todos los grandes desafíos ambientales que enfrentamos se relacionan con el agua (porque es mucha, porque es poca, o porque está demasiado contaminada para el uso humano). Ahora la tarea es comprender los vínculos entre el agua, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y darle al agua una definición, un valor y un modo de gestión adecuados en cuanto bien común global. Esta forma de conceptualizar el agua nos permitirá movilizar la acción colectiva y diseñar nuevas reglas que pongan la equidad y la justicia en primer plano.

La mayoría de los gobiernos lleva demasiado tiempo ignorando los fallos del mercado o respondiendo a ellos con parches, en vez de movilizar a los sectores público y privado en torno de ambiciones compartidas. El sector público debe verse a sí mismo como un actor configurador del mercado, que trabaje con todas las partes interesadas en la economía del agua para abrir senderos a la innovación y a la inversión y garantizar el acceso universal a agua pura y saneamiento y una provisión de agua suficiente a los sistemas alimentarios, energéticos y naturales.

Una enseñanza clave de los desafíos del pasado que demandaron innovación sistémica es que se necesita definir una misión clara que organice nuestros esfuerzos. Las políticas orientadas a una misión permiten a los gobiernos dirigir la innovación y el conocimiento práctico directamente al logro de objetivos críticos. Cuando las guía una mirada inclusiva basada en el «bien común», tienen una capacidad única para entregar soluciones a desafíos que demandan niveles inmensos de coordinación y financiación a lo largo de muchos años. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las crisis hídricas son ejemplos exactos de esa clase de desafíos.

Las estrategias basadas en el concepto de misión pueden ayudar a los gobiernos a innovar con un sentido de propósito, dirección y urgencia. Pero para que sean eficaces, es necesario que las autoridades oigan la experiencia y la sabiduría de la ciudadanía, de las comunidades y de los innovadores que saben cómo prosperar en un mundo de escasez de agua, de temperaturas más altas y de alteración de los sistemas costeros y fluviales.

Debemos reconocer las amenazas contra el sistema global de agua dulce y convertir esa conciencia en acciones colectivas. Como la escasez de agua pondrá en peligro todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe reafirmar nuestra determinación colectiva a limitar el aumento de temperaturas a no más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales (como estipula el Acuerdo de París sobre el clima) y a preservar los sistemas naturales que garantizan pautas estables de lluvia y escurrimiento.

Al responder a estos desafíos globales, debemos integrar los principios de equidad y justicia como parte esencial de cualquier nuevo sistema que pensemos. Ninguna comunidad puede prosperar sin un suministro fiable de agua pura. Pero para proteger este bien común global se necesita un cambio de políticas y de sistemas.

Es necesario reorientar la legislación y la economía hacia el acceso universal a agua potable, saneamiento e higiene y hacia la creación de sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles. Se necesita un cambio de incentivos para que el sector privado pueda hacer su parte en la provisión de acceso a tecnología e innovación a países pobres y ricos por igual. Esto demandará financiación a largo plazo y mecanismos novedosos para regular los modos de colaboración entre los sectores público y privado.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en 2023 (la primera en casi cincuenta años) será una ocasión trascendental para que la comunidad internacional empiece a imaginar un futuro que sirva para todos. A modo de preparación, podemos encontrar inspiración en Nicholas Stern, que reescribió la economía del cambio climático, y en Partha Dasgupta, que hizo lo mismo con la economía de la biodiversidad. En nuestro carácter de copresidentes de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua, nuestro objetivo es transformar la visión que tiene el mundo respecto de su economía y de su gobernanza, para que se le dé mucha más importancia a la equidad, la justicia, la eficacia y la democracia.

Todavía podemos redefinir nuestra relación con el agua y rediseñar las economías para que se la valore como un bien común global. Pero el tiempo se agota. Para tener una chance de evitar una catástrofe climática y adaptarnos a los cambios inevitables, tenemos que asegurar un futuro hídrico resiliente para todas las sociedades, pobres y ricas por igual.

Este artículo contiene aportes de Quentin Grafton, Joyeeta Gupta y Aromar Revi, expertos principales de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua.

21 de septiembre 2022

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/new-economics-and-governanc...

Hace no muchos meses la cuestión de las elecciones universitarias reposaba sobre endebles bases. Naturalmente, casi no había quien no proclamase la necesidad de que se llevaran a cabo, dado el carácter larga y penosamente excedentario de la gestión rectoral y la de los decanos. Esta insólita situación, consecuencia de una maniobra esperpéntica cuya paternidad infundía en los recintos directivos de la Universidad Central trémulos comedimientos, perseguía el consabido fin de supeditar la universidad pública al proyecto político del gobierno, según un paradójico método que en vez de acefalía mediante decapitación discrecional optaba por forzar a las autoridades académicas a permanecer en sus cargos.

En su fuero íntimo, claro está, muchos de los que se manifestaban partidarios de las elecciones pensaban de otro modo, pues temían –no sin motivo- las repercusiones legales que podría acarrearles la organización de unos comicios contrarios a las prescripciones judiciales, esto es, las del Ejecutivo. Entre los más prudentes se encontraban las autoridades universitarias, aherrojadas mal de su grado a sus cargos contra toda lógica autonómica.

Hoy la situación es diametralmente opuesta. Reina un clima proclive al ejercicio del voto, si es que no de efusión electoralista, en parte gracias a los procesos estudiantil y de representación de egresados recientemente celebrados y como en cierto modo puede apreciarse en la campaña de las elecciones gremiales. En las altas esferas institucionales, donde cabe suponer que se juegan importantes asuntos sustraídos al ojo del común y se agitan intereses que al mismo ojo pueden resultarle desconcertantes, el cambio de actitud emergió a regañadientes y con reticencias reflejas, empujado por la disposición crecientemente proelectoral de la comunidad ucevista. Y también –lo que parece haber sido decisivo- por circunstancias extrauniversitarias que, según se ha informado oficiosa, fragmentaria y hasta contradictoriamente, revelaban que en determinados ámbitos del oficialismo despuntaba cierta inclinación por el expediente de las urnas.

Algunos sectores académicos y unas cuantas individualidades desde un principio, a título de afirmación de la autonomía tan menoscabada por los desmanes intervencionistas del régimen, proclamaron la necesidad institucional, política y ética de llevar a cabo un proceso general de elecciones. Sesudos razonamientos y primores argumentales fueron sin embargo infructuosos ante la combinación plúmbea de comunidad desmovilizada y cautas autoridades. Ese estado de parálisis se vio reforzado por el peculiar régimen de restricciones impuesto por el gobierno a cuenta de la pandemia del coronavirus.

Pero al cabo del tiempo entre los universitarios fue ganando terreno el ánimo sufragista, entendido como la forma de superar la atonía institucional. Paralelamente, resultantes de conversaciones sostenidas entre ciertos representantes del sector académico y altos funcionarios del oficialismo, se alcanzaron determinados acuerdos. El punto neurálgico a este respecto, como nadie ignora, era el de la participación electoral de los sectores no académicos. Producto de las sigilosas negociaciones es el texto denominado «Reglamento Transitorio Electoral» (su vigencia cesaría tras las elecciones) que los decanos y algunos representantes profesorales propusieron al Consejo Universitario. Establecía la correspondiente ampliación del claustro y las ponderaciones respectivas para cada uno de los sectores participantes, entre otros cambios.

Bajo el efecto de un vigoroso envión de sus autores y partidarios añadidos, el «transitorio» fue a la postre aprobado por una unanimidad precedida de regateos y pequeñas maniobras distractivas, inveterada costumbre. Dada la proverbial modorra comunicacional de la institución, ayudada por el hiato entre las altas esferas directivas y la comunidad universitaria, a la rumorología alternativa correspondió un papel destacado en la propagación de aquella decisión, con lo que contribuyó a persuadir a la colectividad ucevista de que el proceso comicial era inminente.

Este sucinto recuento ha omitido en mérito a la brevedad los detalles de importantes cuestiones, como las del carácter mismo de las negociaciones entre las partes dialogantes, la representatividad, cualificación y legitimidad de los negociadores ucevistas (y la crucial necesidad de promover nuevos y válidos interlocutores), la ausencia de información acreditada por su origen institucional destinada al público universitario (algo perfectamente posible sin menoscabo de la discreción exigida por las conversaciones), etc. ¿Le queda claro a todo el mundo que el «transitorio» es obra del esmero negociador solo del Núcleo de Decanos y de algunas personalidades de la comunidad profesoral con acceso a funcionarios importantes del oficialismo? Es bastante probable que no. ¿Convendría que al menos algo de todo ello se conozca? Seguramente sí.

Lo que se espera de los actores institucionales no es la revelación de escabrosas intimidades sino márgenes saludables de transparencia para informar oportunamente acerca de sus actuaciones en nombre (y en beneficio) de la institución académica. Sobre todo porque esta no alberga a una grey de ignaros, sino a una comunidad intelectual con –cabe presumir- elevada capacidad de discernimiento.

El «transitorio» en definitiva se sustentó en el convencimiento de constituir el único medio para consumar, ¡por fin!, las ansiadas elecciones rectorales, decanales y de representantes profesorales al órgano directivo superior, sorteándose así el riesgo de dejar pasar la calva ocasión. Sin embargo, por muy noblemente intencionada que haya sido la iniciativa devenida texto, bajo la presión de aquel objetivo se sorteó también el debate de la cuestión electoral: no el de las circunstancias particulares de un evento comicial específico, sino el capital problema de la democracia, su contenido y sus prácticas en una institución de naturaleza académica.

Cuando en agosto de 2019 la sentencia N° 0324 del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la UCV la celebración de elecciones en un plazo de seis meses, bajo oprobiosas condiciones inspiradas en el numeral 3° del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, algunas voces clamaron por la apertura de un debate sobre la cuestión electoral. Subrayaron que era preciso zafarse del dilema falso entre obedecer el antiuniversitario mandato judicial o acogerse (con más ortodoxia que lucidez analítica) a la norma vigente. El debate, sostuvieron sus pregoneros, permitiría reconocer el problema subyacente y abrir novedosos cursos de acción basados en el consenso, infundiendo claridad y fortaleza a la voluntad autonómica.

Mas no, no se emprendió debate alguno. Ni en aquella oportunidad ni después. ¡Hasta se adujo que no había tiempo! Y henos aquí, tres años y pico más tarde, a las puertas de unas elecciones que se regirán por un reglamento accidental, no fruto de un debate libre y abierto en el cual los sectores más activos de la comunidad académica hubieran podido ejercitarse en el empleo constructivo de sus facultades deliberativas, sino pergeñado con arreglo a una «lógica política» tan propensa a apremios coyunturales como desprovista de sensibilidad estratégica.

Las elecciones, pues, son, como suele decirse, un hecho. Al fin y al cabo todos las queremos, y tal vez no pocos abriguen la sensata expectativa de que la renovación del liderazgo universitario despertará el desde hace demasiado tiempo aletargado espíritu transformador, indispensable para que la universidad se ponga a tono con los tiempos y mundo actuales. La gran mayoría las tiene por ineluctables y será la excepción quien aventure una tímida reserva (por aquello de que con este régimen los acuerdos..., etc., etc.). Nadie sabe, sin embargo, cuándo se celebrarán. Según la infatigable rumorología, que sigue beneficiándose de la pereza de las fuentes oficiales, algunas fechas se ponen a rodar y parecen competir en inminencia y perentoriedad, como si el único criterio fuera el de la rapidez: cuanto antes mejor, no vaya a ser cosa de que si nos demoramos...

Son, de ser ciertas, malas noticias para el debate, que tal vez aspiraba durante la campaña electoral a resarcirse de su prolongada hibernación, pues aquel lapso ha sido tradicionalmente propicio para la confrontación de ideas (aunque haya cínicos que afirman con risueña desvergüenza que las elecciones no se ganan con buenas ideas y programas coherentes y factibles, pero en fin...). El Consejo Universitario le ha pedido hace unos días a la Comisión Electoral el «cronograma de eventos puntuales». Se ha dicho que esta se limitó a enviar una fecha, lo que al parecer no satisfizo al superior órgano (¿la vería muy lejana?), por lo cual aparentemente le reiteró la solicitud. Esperemos por la rumorología a ver qué pasa.

Ahora bien, ¿será mucho pedir que los conductores de la institución se dejen guiar por el razonable y sencillo principio de que el momento para la elección de nuevas autoridades debe situarse en un punto equidistante del cuanto antes y del sin precipitación? Digo, en vista de que presuntamente la inmarcesible «lógica política» sigue prevaleciendo sobre la impopular lógica académica.

2 octubre 2022

El pasado día 29, Maduro declaró impúdicamente que “Hemos preparado un plan especial para dotar a maestras y maestros de un bolso de cuero y ofertarle zapatos escolares subsidiados. La respuesta no se hizo esperar. Desconocemos si esos zapatos son de cartón, como los del Manacho de la canción, pero Elsa Castillo le contestó a Maduro. La valiente docente y dirigente sindical, lo acusó de no pagarle a los educadores lo que les debe y de imponer totalitariamente los zapatos y bolsos que deben usar los docentes. “A cada docente le debes más de mil seiscientos días de salarios, con eso podemos comprarnos los zapatos que nos dé la gana, no los que tu decidas, en la tienda que nos dé la gana, no aceptamos regalos porque el erario público no es para que tú hagas regalos, en Venezuela ni en el exterior”. Mientras tanto, ¿qué puede hacer la dirigencia opositora para que se respeten los derechos de los docentes, de los otros gremios y de los venezolanos en general?

Sería injusto decir que nuestra dirigencia permanece pasiva y que no está consciente de que la única salida a la crisis social, económica y política es la sustitución del régimen por un gobierno democrático con una visión diametralmente diferente a la actual. El punto a discutir es si lo que están haciendo es acertado para poner fin a la usurpación. Pareciera que algunos aplican aquello de que piano piano, va lontano, es decir sin prisa para poder llegar lejos. Otros predican que es necesario ir a galope tendido, o sea a toda prisa. Quizá el problema no es la velocidad, sino el camino a tomar.

Algunas preguntas deberían tener una respuesta sin ambigüedades por parte de la dirigencia. ¿Tenemos un plan para cambiar el rumbo del país? ¿Será posible presentar un candidato aceptable para la mayoría? ¿Ese candidato debería ser seleccionado en elecciones primarias? ¿Aceptaría medirse con el actual Consejo Nacional Electoral (CNE)?

El Plan País fue en trabajo intenso iniciado en el 2018, con participación de más de 600 compatriotas de los partidos políticos, de la sociedad civil y expertos en cada uno de los once temas estudiados. Fue presentado a inicios del 2019 por el presidente interino Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional electa en el 2015. Es un documento valioso, sin embargo, pareciera que la dirigencia política no lo promueve, da la impresión de estar engavetado. Por otra parte, hace falta resumir lo fundamental en unas cuantas líneas que lleguen a todos los ciudadanos. A la mayoría le interesa poco cómo se recuperará la industria eléctrica, ni cómo se aumentará la producción de los hidrocarburos y de la agricultura, sino cuál será la dirección y el compromiso para disminuir la pobreza, la desigualdad, mejorar los servicios públicos, controlar la inflación y erradicar la corrupción. Es decir, hay que divulgarlo más entre los formadores de opinión y simplificar su presentación para el gran público.

Sobre la escogencia del candidato de la democracia, todo indica que, a falta de una personalidad que aglutine a la mayoría, no queda otra opción que ir a elecciones primarias; además, a estas alturas pareciera que los ciudadanos desean tener participación en la elección del candidato. Si es así, para realizar las primarias hay que cambiar el paso de morrocoy e ir a galope tendido. Caso contrario nos llevará la corriente como al camarón.

Todos los precandidatos que se asoman nos merecen respeto, aunque las encuestas indican que no tienen gran aceptación e incluso algunos tienen elevado rechazo. Desde luego, cualquiera de ellos es mejor que Maduro, y eso tienen que entenderlo los electores. Ojalá que quienes tienen poca opción, abandonen sus legítimas aspiraciones para facilitar el proceso. También sería deseable que varias organizaciones políticas y de la sociedad civil postulen a un mismo candidato, sea dirigente político o independiente.

Todavía los partidos deshojan la margarita sobre si las primarias deben ser o no con la infraestructura del Consejo Nacional Electoral. Hay argumentos a favor y en contra. El punto a considerar es que la elección presidencial tendrá que ser con el CNE, con sus pros y sus contras. Predicar que sería sin este organismo es crear falsas expectativas. Por varias razones, quizá las primarias en el exterior tendrían que ser sin la infraestructura del CNE. Es importante la participación en las primarias de los venezolanos en el exterior, no solo porque es un derecho, sino que debe ser una importante herramienta de presión al CNE para que tome las acciones para organizar la elección presidencial en el exterior. Este es un derecho que hay que luchar.

Respetamos a quienes insisten en que no se debe votar porque Maduro no es presidente o porque el CNE no fue electo legalmente. Ojalá analicen si hay otra opción viable para salir del régimen. A los dirigentes, el mensaje de quienes somos ciudadanos de a pie, simples opinadores de tribuna, es que tienen que entender que la salida del régimen se dificulta con los dimes y diretes entre ustedes, así como las indecisiones. El tiempo apremia. Millones de personas como Elsa se los exigimos.

Como (había) en botica:

La decisión del intercambio de presos hay que analizarla desde el punto de vista de Biden. Para él, los ciudadanos de su país son como su familia, la cual le importa más que un par de malhechores. Desde luego, el factor electoral pesó mucho. El ciudadano estadounidense apreciará que su presidente se preocupa por sus ciudadanos. También hay que considerar que es preferible que un criminal esté en libertad a que un inocente esté preso. En el pasado, nuestros presidentes democráticos sobreseyeron o indultaron a terroristas y asesinos. No debe interpretarse como una claudicación ante Maduro. Desde luego, no nos gusta la decisión porque los dos narcotraficantes sobrinos de Cilia se valieron del poder para sus fechorías. No justificamos la decisión de Biden, sino que tratamos de explicar el porqué de la misma. ¿Maduro ganó algo? ¡Nada!, cedió unos presos que quería retener y le entregaron unos sobrinos de su esposa que todo el mundo sabe son delincuentes.

Lamentamos el fallecimiento de Rosendo Armando Gutiérrez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com\

4 octubre 2022

La principal limitante que confronta en este momento el sector empresarial es el acceso a financiamiento para cubrir sus necesidades de equipamiento y capital de trabajo. Las restricciones impuestas sobre la banca para extender crédito obligan a las empresas a buscar otras opciones, lo cual no es nada fácil bajo las circunstancias actuales. Los socios están descapitalizados, los proveedores pasan por lo mismo, el crédito internacional no existe. Y es allí donde el mercado de valores ha surgido como una alternativa válida, la cual ha cobrado un inmenso dinamismo en los meses recientes. No pasa una semana sin que salga al mercado una nueva emisión de títulos de todo tipo, con mayor preferencia hacia las obligaciones o instrumentos de deuda.

La estructura de este mercado está compuesta por dos planos, uno es el mercado primario, donde se colocan los títulos para obtener el financiamiento y el otro es el mercado secundario, donde luego se dan las transacciones o trading de esos mismos instrumentos. La etapa inicial es cuando las empresas debidamente autorizadas hacen “oferta pública” de sus títulos a los eventuales interesados, quienes los adquieren en este mercado primario. En el mismo proceso dichos títulos se inscriben en una bolsa de valores que funge como sede del mercado secundario, donde luego los tenedores originales los pueden negociar con otros inversionistas.

La pregunta más recurrente entre empresarios grandes, medianos y pequeños es ¿cómo se accede a esta alternativa? Por ello, vamos a tratar de resumir en este breve escrito los requisitos esenciales que se deben cumplir para “emitir” títulos valores. Partimos por aclarar que hay dos ámbitos empresariales que deben abordarse de manera simultánea: uno es el legal y el otro es el financiero.

Las empresas han de cumplir con los requisitos que exige la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), órgano oficial encargado del ordenamiento y difusión del mercado de valores; requisitos todos que están debidamente comunicados y son del dominio público. Esto comprende presentar una solicitud de emisión a la SUNAVAL, a través de una Casa de Bolsa, acompañada de los documentos de la empresa y de sus accionistas, estados financieros auditados y reexpresados por inflación, una o dos calificaciones de riesgo -según sea el caso- emitida(s) por entes autorizados para lo propio y un prospecto de la emisión. Dicho prospecto es un documento que detalla todos los aspectos de la emisión y está orientado a informar al público en general acerca de los detalles pertinentes que le permitan tomar una decisión informada a la hora de adquirir los títulos ofrecidos. A la sazón, ello incluye el nombre del emisor, el tipo de instrumento, el monto y denominación en Bs. o divisas, el plazo y fechas de pago, la tasa de interés si aplica, las garantías, los agentes de colocación, de custodia y pago de intereses o dividendos, el representante de los tenedores, los estados financieros, las calificaciones de riesgo y varios otros elementos.

Esto parece un trabajo titánico de completar y en verdad requiere tiempo y recursos, ya que todos los antes nombrados cobran por las tareas encomendadas. Por lo que pasamos a los costos de la fulana emisión. Un monto prudente es prever el 10% de los fondos pretendidos, para cubrir la auditoria y reexpresión de los estados financieros, la calificación de riesgo, los honorarios de la Casa de Bolsa y de los varios agentes involucrados, más los gastos de viaje e imprevistos (no todos vivimos en Caracas). Ahora bien, la tasa de interés anual a pagar por una emisión de deuda es actualmente alrededor del 15% en divisas y entre 50% y 70% en bolívares. No son malas condiciones si partimos de que no tenemos muchas otras opciones, además quien actualmente logre financiarse al 15% en dólares debe celebrar. A dichos intereses debemos imputarle los honorarios previos para conocer el verdadero costo de fondos; pero repito, si se puede hacer, es muy atractivo. En especial si aplicamos el beneficio o escudo fiscal que proporciona la deuda, que monta a un 34%, ya que descontamos del ISLR lo pagado por intereses y costes de la emisión.

Otros dos aspectos que destacar son que toda empresa que haga oferta pública de sus títulos valores asume el compromiso de divulgación de información mientras haya títulos en circulación; y que el gobierno ha dispuesto varias normas relativamente menos complejas para las PYMES, en un esfuerzo por facilitar su acceso a esta opción de financiamiento.

Quien tenga la disposición de transitar el camino, que en verdad es más complejo la primera vez y que luego se hace repetitivo y permite continuar usando este canal, puede acudir al mercado de valores, trabajando de la mano de profesionales que lo asesoren en todo el trayecto, ya que en el proceso hay diversas encrucijadas y debe decidir cuidadosamente. El tipo de instrumento que le conviene, el monto, el plazo, la denominación, las garantías, el equipo que lo va a acompañar en la emisión y muchos otros. Actualmente hay posibilidad de acceder a fondos hasta por un año, en ambas denominaciones y por montos de cientos de miles de dólares, según la empresa emisora. Pero eso debería ser más que suficiente para la gran mayoría.

guillermomendozad@gmdconsultor.com