Los fines de la negociación y sus implicaciones
Retornar al ordenamiento constitucional a través de la negociación con representantes del Madurismo será siempre preferible a que ello ocurra por medio de una intervención extranjera. Pero el margen con que debe manejarse tal negociación estará necesariamente constreñido por el fin buscado: la creación de condiciones para que los venezolanos superen de forma eficaz y perentoria la terrible situación en que la oligarquía militar - civil los ha sumido, y para conquistar una democracia plena, con contenido.
Las negociaciones no deben restringirse a plantear la salida del usurpador. Sea por medio de elecciones confiables (con las garantías del caso) o por otros mecanismos, el resultado debe apuntar al cambio del modelo funesto instrumentado por Chávez y Maduro en contra de la población.
Significa, en primer lugar, el respeto pleno de la batería de derechos civiles, políticos y económicos consagrados en la Constitución. Como condiciones sine qua non, pueden citarse: restablecer las potestades de la Asamblea Nacional; disolver la asamblea constituyente; renovar al CNE; liberar los presos políticos; cesar la criminalización de la protesta; respetar los derechos humanos; convocar elecciones presidenciales confiables.
En el plano económico es un sinsentido que todo el esfuerzo por sacar a Maduro termine en una gestión que no dé respuesta palpable a las expectativas de perentoria mejora en el bienestar de la población. Un nuevo gobierno que fracase en responder satisfactoriamente a ellas tendría muy corta vida.
En términos generales, existe consenso entre los economistas en torno a la necesidad de instrumentar políticas creíbles y consistentes que abaten la inflación, permitan estabilizar el tipo de cambio en un mercado libre, eliminen los controles e incentiven las inversiones productivas para generar empleo, abastecimiento y equilibrio en las cuentas externas. Ello está recogido en el Plan País y, con mayor elaboración, en las discusiones entre economistas que le sirvieron de sustento.
El desafío económico
El nivel tan absoluto de destrucción y de pauperización de los venezolanos producido por Maduro y su equipo genera esperanzas de mejora inmediata entre los venezolanos, lo que plantean un serio desafío a un eventual gobierno democrático futuro. Entre los elementos de mayor impacto están:
1) El salario mínimo se encuentra actualmente en menos de tres dólares al mes. Tengamos en cuenta, además, el aplanamiento de la escala salarial en torno a este nivel, con lo que la mayoría de los asalariados ganan menos de cinco veces esta cantidad[1].
2) La estabilización del precio de la divisa, en un mercado sin restricciones, presupone una apreciable corrección de la paridad, actualmente sobrevaluada. Esto significa que se despreciará el bolívar, lo que reducirá aún más los salarios arriba mencionados en dólares.
3) La recuperación de los servicios públicos, factor central al bienestar de los venezolanos, obligará a un proceso eventual de sinceración de sus precios para garantizar su prestación eficiente.
Condiciones para el ajuste expansivo del Plan País
El programa de estabilización económica planteado en el Plan País augura un crecimiento rápido de la producción, el empleo y de los salarios reales. Ello se fundamenta, entre otras cosas, en la altísima capacidad ociosa del aparato productivo doméstico que actualmente opera, en promedio, a menos del 30 de su capacidad. Un cambio político que restablezca las garantías legales a la propiedad y de orden procesal, elimine la inflación, levante los controles y asegure el acceso sin restricciones a la divisa, debe provocar una respuesta inmediata, fuertemente expansiva, de empresarios locales e inversionistas foráneos. No obstante, ello dependerá de las siguientes condiciones, que están interrelacionadas:
1) Un significativo financiamiento internacional, con una reestructuración a fondo de la deuda pública.
2) La apertura de la industria petrolera a la inversión privada.
3) Un incremento significativo y a muy corto plazo en la productividad laboral.
4) Un gobierno que dé confianza, dotado de un equipo económico altamente calificado.
Las magnitudes requeridas de financiamiento externo sólo las podrá proveer la banca multilateral, con el FMI a la cabeza, a la cual habrá de sumarse préstamos bilaterales, la reapertura del crédito internacional y la inversión privada. Pero tal financiamiento estará sujeto a un programa creíble, coherente y factible de recuperación de la economía, que proyecte una imagen de solvencia en el tiempo ante la banca y los inversionistas foráneos, y que permita el reembolso del financiamiento en los plazos acordados.
La existencia de un gobierno serio, dotado de un buen programa y de personal directivo altamente calificado, debe transmitir la confianza necesaria para que las transformaciones requeridas se instrumenten de manera eficiente y oportuna. Esto posibilitará negociar una restructuración a fondo de la deuda pública externa, con apoyo del FMI, para que Venezuela pueda atender los compromisos internacionales que de ahí se deriven, pagar sus importaciones y aspirar a dinero fresco.
No habrá milagro petrolero que venga al rescate
La recuperación de la industria petrolera habrá de aumentar los ingresos por exportación de crudo. Pero ya no habrá milagro petrolero. En el mejor de los casos, la producción anual podrá incrementarse en el equivalente a 250.000 a 300.000 barriles diarios. De manera que el país podrá alcanzar un nivel respetable de producción (en torno a los 2,5 millones b/d) en unos seis años. En términos per cápita, la producción estará apenas por la mitad de la existente en los años ’70. Además, la atracción del capital requerido para esta expansión requiere reducir la carga impositiva a la industria, de manera que esta mayor producción, si bien generará empleo y encadenamientos con proveedores locales (los que sobrevivieron junto a los nuevos), no aumentará en proporción los ingresos del estado. Es decir, esta vez la renta petrolera no vendrá al rescate.
Más allá, las expectativas son poco favorables a un aumento abrupto en los precios internacionales del crudo, tanto por el incremento de la oferta (fracking en EE.UU., no limitado por cuotas o restricciones políticas), como por la ralentización y eventual reducción de la demanda por el desplazamiento progresivo de los combustibles fósiles ante consideraciones climáticas, junto a la disminución en los costos de fuentes alternativas de energía. Los esfuerzos por reducir el uso de los combustibles fósiles acortan la vida de Venezuela como país petrolero. Algunos calculan una ventana de apenas tres décadas, antes de que caiga aceleradamente la demanda por nuestro crudo.
La importancia decisiva de mejorar perentoriamente la productividad
La terrible pauperización de la población venezolana a manos de Maduro y los suyos obliga a concertar de inmediato la transferencia de recursos a los sectores más humildes a fondo perdido. Pero la viabilidad de que órganos multilaterales accedan a financiar tales transferencias se sustenta -más allá de consideraciones humanitarias-, en la condición de que sean progresivamente reducidas y/o en su eventual reembolso. El financiamiento externo es renuente al gasto corriente improductivo. Más allá, debe considerarse la sinceración de los precios / tasas de los servicios públicos y el efecto de la depreciación (pass-through) sobre los precios domésticos. De manera que la mejora tan ansiada en los ingresos de la población habrá de descansar, por fuerza, en el incremento en la productividad laboral.
Aumentar drásticamente la productividad cuanto antes es factible, sin mayores inversiones, si se logra aprovechar la holgada capacidad ociosa de la planta productiva del país. Pero numerosos factores entraban tal aprovechamiento. Citamos los siguientes:
a) La ausencia (por emigración) de mano de obra calificada y de talento profesional;
b) El colapso de los servicios públicos y de la infraestructura física;
c) Un marco institucional –leyes, reglamentos— asfixiante y punitivo;
d) La ausencia de servicios especializados de apoyo;
e) La destrucción del tejido industrial (clusters): proveedores, industrias complementarias, de servicios.
f) Una banca “enana”, que ha visto reducir sus activos en dólares en casi un 90% desde 2013;
g) El colapso de la capacidad de respuesta administrativa del Estado en muchas áreas;
h) La necesidad de pagar remuneraciones competitivas para atraer talentos y personal calificado, en una economía en la que el salario promedio está por debajo de los $10 mensuales. La inversión extranjera contemplaría sueldos competitivos para sus operaciones, pero sueldos atractivos que retengan el personal calificado requerido para hacer funcional al estado, recuperar y mantener los servicios públicos, es políticamente problemático cuando la remuneración general es tan miserable.
Es imprescindible articular un programa especial dirigido a resolver estas insuficiencias. La inversión extranjera podrá llenar algunos vacíos en el corto plazo, pero será mayor contando con un programa que identifique las oportunidades y la secuencia de acciones deseada para su superación.
Finalmente, la reestructuración eficaz de la deuda pública externa habrá de liberar recursos requeridos para importar los equipos e insumos que exigirá la reactivación económica, así como los bienes de consumo y servicios para complementar la demanda final. Ello es crucial, dado el enorme peso que tiene su servicio bajo las condiciones actuales. Si bien en el tiempo se prevé que las inversiones se traduzcan en un aumento sostenido en las exportaciones (petroleras como no petroleras), sin reestructurar la deuda la economía verá comprometida su crecimiento en el corto plazo.
Implicaciones para el actual proceso negociación
La criminal destrucción de las condiciones de vida de los venezolanos urdida por la oligarquía militar – civil no ofrece mayores márgenes para negociar un gobierno de transición con factores del chavismo. Estamos frente a un estado fallido que pone en entredicho la propia viabilidad de Venezuela como país si no se acometen de inmediato profundos cambios. Tal precariedad restringe las posibilidades de una transición exitosa, que abra las puertas a una recuperación sostenible, a las siguientes opciones:
1. Gobierno nuevo, comprometido con el rescate de la institucionalidad democrática liberal, resultado de desplazar por completo al madurismo del poder, bien sea por la implosión de sus bases de sustento (renuencia militar a seguir apoyándolo) o por una intervención extranjera, que consiga piso en factores domésticos para reconstruir la democracia. Es un escenario tipo “borrón y cuenta nueva”.
2. Gobierno de coalición con los factores más sanos del chavismo, resultado de una negociación que acuerde las condiciones sine qua non mencionadas al comienzo de este escrito y convoque de inmediato elecciones presidenciales confiables.
El primer escenario es el más favorable para el futuro de Venezuela, pero también el más complejo en términos del manejo satisfactorio de las expectativas de mejora del venezolano, pues necesariamente implica una ruptura completa con la cultura rentista. Si bien durante los primeros dos años (quizás más) tendrá que existir una combinación de servicios subsidiados con transferencias directas a los hogares más necesitados --hasta que la recuperación de la economía pueda asegurar condiciones de vida aceptables a la población--, tales medidas deben entenderse como transitorias. La ventaja de este escenario es que, al tener un programa coherente (Plan País) que de confianza y un equipo de gobierno altamente calificado, será factible concertar un generoso apoyo financiero con el FMI y el BM.
El segundo escenario posiblemente implicará continuar dependiendo de algunos programas de reparto, combinado con subsidios a servicios y controles de precio. Al no enfrentar la cultura populista / rentista, habrá de generar problemas crecientes en el tiempo por su ineficacia en proveer condiciones para sacar a la población de la miseria. Disuadirá, por tanto, la prestación de recursos más allá de la ayuda humanitaria. Quizás la lucha contra la corrupción –de permitirla el componente chavista del gobierno—provea recursos que permitan mejoras apreciables en algunos puntos (servicios públicos, importaciones)
En fin, las condiciones mínimas que justifiquen llegar a acuerdos con factores del chavismo a través de la negociación son muy exigentes. Constituyen una camisa de fuerza irrenunciable. No tiene sentido acordar una coalición que no las cumpla. Y esto va para aquellos ilusionados con un gobierno de “Unidad Nacional”, a cuenta que observan grietas en la estructura mafiosa de dominación. Seguir “muddling through” (seguir haciendo cosas sin estar organizados ni saber bien cómo hacerlo)[2] con un gobierno de transición mixto es inhumano, dadas las condiciones actuales de pobreza extrema y, además, inviable.
Para facilitar un acuerdo satisfactorio se requiere, como todos sabemos, hacer concesiones. Se ha ofrecido, levantar las sanciones a quienes renieguen de la dictadura y ayuden a restablecer el ordenamiento constitucional, la posibilidad de un régimen transicional para juzgarlos --como ocurrió en las negociaciones de paz en Colombia--, así como eventuales períodos de gracia (para que puedan esfumarse). Es de suponer, además, que la inviabilidad futura evidente del madurismo, contribuya a que algunos de quienes lo apoyen, abandonen el barco antes de que se hunda. La incógnita está en saber si esos chavistas “sanos” existen y si tienen suficiente peso en el poder como para asegurar la salida pacífica de la mafia Maduro – cúpula militar.
[1] el sueldo de un profesor titular a dedicación exclusiva de una universidad pública es menos de siete veces el salario mínimo, equivalente, al momento de escribir estas reflexiones, a solo diecinueve dólares al mes.
[2] interpretación del editor
Economista, profesor de la UCV.
himgarl@gmail.com