Si se trata de definir sugiero hacer una diferencia: la de la definición originaria y la de la definición adquirida. Casi nunca coinciden. Mas bien, casi siempre difieren. Es el caso del término golpe de Estado. Acerca de su origen semántico los cronistas no están de acuerdo. Hay quienes lo sitúan en la Suiza del siglo XVl, usado para caracterizar revueltas en contra de los organismos centrales del poder. Otros – es la acepción más generalizada- lo sitúan en el mismo siglo XVl en Francia aunque como sinónimo de “golpe de autoridad” del Rey en contra de poderes colaterales. La frase de Luis XV “El Estado soy yo” llevada a la práctica sería un golpe de Estado.

El golpe de Estado era, originariamente, un golpe no en contra sino desde el Estado mediante el cual el monarca hacía valer la absolutidad de su poder. Partiendo de esa premisa, el jurista Carl Schmitt (“La Dictadura”) definió el poder político de acuerdo al criterio absolutista: “quién está en condición de dictar el Estado de excepción (supresión de los poderes públicos) tiene el poder”. Eso significa: quién está en condición de dar un golpe desde el Estado, tiene el poder.

El término golpe de Estado en sentido más amplio y popular provino solo en parte de la definición originaria. Fue cuando el presidente vencedor en las elecciones francesas del diciembre de 1848, Louis Bonaparte, sobrino de Napoleón, impulsó en diciembre de 1851 una sublevación militar desde la presidencia asumiendo la totalidad del poder, suprimiendo el sistema electoral, y con ello, violando a la Constitución.

La semejanza entre el golpe de Estado monárquico y el bonapartista reside en el hecho de haber provenido desde el propio Estado. La diferencia es que mediante el primero el Rey hacía valer la Constitución monárquica hasta las últimas consecuencias. El segundo en cambio violaba a la Constitución. Y si pensamos que la Constitución es el acta que constituye jurídicamente al Estado, violaba al propio Estado.

En consecuencias, de acuerdo a sus orígenes podemos definir a un golpe de Estado como el sometimiento de todos los poderes públicos al Ejecutivo, representado en una entidad monárquica o presidencial, vale decir, un golpe de autoridad y de fuerza dentro del Estado.

En todos los casos el sujeto del golpe de Estado fue el poder Ejecutivo. No obstante esa definición de golpe de Estado, vigente a lo largo de casi todo el siglo XlX, sufriría modificaciones durante el siglo XX. El sujeto del golpe sería sustituido por los cuerpos armados y el objeto del golpe sería el propio Ejecutivo. Dicha sustitución tiene que ver en parte con los diversos golpes de Estado que han tenido lugar en América Latina.

Un clásico golpe de Estado latinoamericano del siglo XX mantenía las siguientes características: (a) toma del poder por un grupo militar sublevado el que (b) de modo repentino y violento destituía al gobierno reemplazándolo (c) por una junta militar que nombraba a un representante máximo (casi siempre militar) el que (d) prometía devolver el poder a las fuerzas cívicas (nunca ocurrió). Después del golpe (e) era instaurado un Estado de excepción, el parlamento era disuelto, el poder judicial convertido en oficina notarial del ejecutivo, las libertades individuales y colectivas suspendidas y los derechos humanos pisoteados.

Como es posible advertir, la noción de golpe de Estado del siglo XlX europeo difiere de la del siglo XX latinoamericano. Mientras la tendencia predominante en la Europa decimonónica fue la toma del poder por el Ejecutivo, en la América Latina del pasado siglo la tendencia fue la destitución del presidente y la asunción del Ejecutivo por el Ejército. La fase más alta de esa tendencia culminó en las cruentas dictaduras militares del Cono Sur, sobre todo en las de Pinochet en Chile y Videla en Argentina.

Después de la Guerra Fría parecía que la era de las dictaduras llegaba a su fin en América Latina. No pocos, plenos de optimismo, llegamos a penar que comenzaba otra era en la cual la mayoría de los países transitarían por las amplias avenidas de la democracia. Dicha ruta, ahora lo sabemos, no era ni horizontal ni vertical sino diagonal. Eso quiere decir que no tardarían en sobrevenir gobiernos híbridos a los que es difícil definir como dictaduras en sentido tradicional pero a las que tampoco podemos definir como democracias. Gobiernos autoritarios los llaman de modo suave algunos. Autocracias es el término que parece haberse impuesto en la analítica política al definir regímenes como los de Nicaragua, Venezuela y hasta hace muy poco Bolivia (la de Cuba es un residuo de los totalitarismos del siglo XX). Fenómeno global: las autocracias latinoamericanas, o semi-dictaduras, o dictaduras parciales y no totales (hay muchas definiciones) son equivalentes a las de la Europa marginal. Las más conocidas son las de Turquía, Bielorrusia y Rusia.

Si es difícil caracterizar a las autocracias del siglo XXl, más difícil ha sido definir como golpes de Estado a hechos que han puesto fin a gobiernos autocráticos como los de Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay y, muy recientemente, Morales en Bolivia. ¿Pueden ser denominados “golpes de Estado”? En el sentido originario del término, no. En el sentido latinoamericano de los siglos XlX y XX, tampoco.

El hecho es que así como nos encontramos frente a nuevas formas de dominación no-democrática nos encontramos también frente a eventos que no han recibido todavía denominación en el campo de la teoría política. Por eso, antes de incursionar en el caso boliviano parece ser importante revisar episodios precedentes como fueron los sucedidos en Honduras y Paraguay.

El día 28 de junio de 2009 Manuel Zelaya, presidente de Honduras. fue secuestrado por tropas del ejército desde su residencia en Tegucigalpa y arrojado en un avión rumbo a Costa Rica. Si no más eso hubiera sucedido, podríamos hablar sin problemas de golpe de Estado. En efecto, ahí hubo violencia armada.

El tema comienza a relativizarse si tomamos en cuenta que la acción militar fue una respuesta a una violación constitucional urdida por Zelaya destinada a prorrogar ilegalmente su mandato. Más todavía si consideramos que no hubo ocupación militar del gobierno pues Roberto Micheletti asumió el cargo de presidente interino encomendado por el propio Parlamento del cual había sido presidente. En términos estrictos, el “golpe” a Zelaya fue una destitución del presidente por un Parlamento llevada a cabo con auxilio de la fuerza militar.

Más aún: el gobernante interino respetó la independencia de poderes abriendo condiciones para que tuvieran lugar elecciones libres, algo que no había ocurrido en la gran mayoría de los golpes de Estados habidos en el continente. En ese sentido podríamos hablar de un “golpe al gobierno” y no al Estado. Conviene retener el término.

Distinta fue la destitución que expulsó a Fernando Lugo del gobierno paraguayo el 22 de Junio de 2012.

Allí hubo efectivamente una conjura parlamentaria, pero no hubo violencia ni intervención militar como en Honduras. En el fondo se trató de una destitución del presidente, hecho que suele ocurrir en países europeos, aunque en países latinoamericanos –-dado el sobrepeso del poder ejecutivo sobre el parlamentario- es considerado casi como un regicidio. Mas todavía, hay constancia escrita de que el propio Lugo aceptó su renuncia. La destitución de Lugo no fue entonces un golpe de Estado, ni típico ni atípico. Fue una destitución presidencial.

Donde hay todavía discusiones es en el tema de si se trató de una destitución constitucional o puramente institucional. A favor de la primera tesis habla el hecho de que el juicio político por medio de la Cámara de Diputados y la vigilancia del Senado está estipulado en la Constitución paraguaya. En contra habla el hecho de que Lugo sólo fue acusado de mal gobierno pero no de violación a la Carta Constitucional. Pero no hay dudas que la salida de Lugo resultó de un clásico conflicto de poderes al interior del Estado. Golpe de Estado no hubo. Golpe de gobierno, tal vez.

¿Y en Bolivia? ¿Hubo golpe de Estado? Si lo hubo fue en el sentido más originario del término. Un golpe doble. Ocurrió cuando Morales desconoció el resultado del plebiscito de 2016 por el mismo convocado y ocurrió cuando la Consultoría de la OEA comprobó que el gobierno había cometido fraude en las elecciones presidenciales del 2019. En ambos casos hubo abierta violación a la Constitución. Los llevados a cabo por Morales fueron dos golpes a la Constitución, al estilo de Louis Bonaparte en su 18 de Brumario. Desde esa perspectiva, el de noviembre habría sido un contragolpe.

Hay que reiterar: los movimientos de protesta que culminaron con la huida de Morales y García Linera a México, surgieron en defensa y no en contra de la Constitución. Si el de noviembre fue golpe, habría sido el primer golpe constitucional de la historia moderna. Pero no puede haber golpes constitucionales. Hablar de golpe constitucional es de por sí una contradicción.

El movimiento adquirió las características de una auténtica rebelión popular no en contra de la persona de Morales sino en contra del doble fraude. Un movimiento que solo fue posible porque la oposición unida participó en las elecciones, comprobó el fraude, lo dio a conocer a las instancias electorales y fue evidenciado por la consultoría de la OEA, aceptada por el mismo Morales a través del TSE, confiado en que el fallo sería favorable gracias a la amistad que lo unía con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro (así creen arreglar las cosas los autócratas)

De acuerdo al lapidario informe de la OEA hubo “falsificación de firmas y actas”, en un “proceso reñido con las buenas prácticas”, “manipulación del sistema informático de tal magnitud que deben ser investigadas profundamente por el Estado” y un “cúmulo de irregularidades” que el equipo auditor “no puede validar los resultados de la presente elección" recomendando otro proceso electoral con nuevas autoridades electorales.

Conocido el informe, la oposición ya no estaba en condiciones de transar con Morales. Solo cabía, desde el punto de vista constitucional, la abdicación del mandatario. Importante es por lo tanto ordenar los hechos de acuerdo a su sucesión cronológica: 1. Reclamos de la oposición 2. Estallido de la rebelión constitucional en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz 3. Informe de la OEA. Y después de esos tres hechos 4. La policía anunció no estar dispuesta a reprimir a conciudadanos por razones políticas y 5. Solo al final, muy al final, apareció la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas a Morales para que dimitiera.

La pasiva intervención militar fue solo el eslabón de una cadena de acontecimientos que situaba al Ejército en el dilema de, o convertirse en guardia pretoriana al servicio de un presidente que había violado la Constitución, o asumir el veredicto de la OEA y del poderoso movimiento político y social levantado en contra de la presidencia.

La rebelión popular fue la instancia determinante. Fue también la principal diferencia con los hechos que determinaron la salida de Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay. En Honduras y en Paraguay no hubo rebelión popular.

Extraño “golpe de Estado” el de Bolivia donde las instituciones del Estado permanecieron intactas después de la salida de Morales, donde ninguna junta militar asumió el mando, donde ningún general se sentó en el sillón presidencial. Más extraño todavía cuando la presidenta interina Jeanine Añez, de acuerdo con la presidenta del Senado Eva Copas del MAS, partido de Morales, anunció convocar a elecciones en donde el mismo MAS participará sin ninguna limitación aparte de que ni Morales ni García Linera podrán ser candidatos.

Por las razones expuestas nos será posible afirmar que los sucesos acaecidos en Bolivia no permiten hablar de un golpe de Estado. Ni en el sentido original ni en el sentido adquirido del término.

Por supuesto, el hecho de que no hubiera habido golpe de Estado no impedirá al MAS y a gran parte de la izquierda latinoamericana afirmar que sí lo hubo. Algo inevitable. Gracias a Hannah Arendt (“Verdad y mentira en la política”) sabemos que la verdad política no es la misma que la verdad objetiva, que la primera se hace con arreglo a intereses y la segunda de acuerdo a los hechos tal cual fueron.

La gran filósofa de la política estableció la diferencia entre verdad factual (o verdad de hecho) y verdad de la razón (o verdad del discurso). Los políticos de profesión hacen uso continuo de la segunda. Los que sin ser políticos, pero pensamos y escribimos sobre política, nos debemos sin condiciones a la primera verdad, por amarga y dura que ella sea.

Noviembre 28 de 2019

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2019/11/fernando-mires-golpe-de-estado....

En el pasado mes de julio 2016, el mundo deportivo fue sacudido al ser presentado ¨El Informe Mc Laren¨ relacionado con los casos de dopaje de los atletas de Rusia y que sirvió de base para que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés) tomara la decisión de suspender a su equipo de atletismo de participar en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

Richard Mc Laren es un abogado canadiense, que en el pasado mes de mayo, por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje, comenzó una investigación para verificar las acusaciones de manipulación señaladas en The New York Times por Grigory Rodchenkoy, ex-director del laboratorio antidopaje de los Juegos de Invierno celebrados en Sochi-Rusia en el 2014.

En sus investigaciones, Mc Laren logro determinar que el Estado Ruso, a través de su ministerio de deportes, y con la asistencia de la policía secreta FSB (antigua KGB) organizó entre finales de 2011 y agosto 2015, un sistema de encubrimiento del dopaje sistemático para proteger a los deportistas de alto rendimiento.

En el referido informe se detalla como en el 2010, el Estado Ruso preocupado por los pobres resultados de los Juegos de Invierno de Vancouver-Canadá puso en marcha una metodología para manipular las muestras de orina en los laboratorios antidopaje rusos. Para ello, el Presidente Ruso Wladimir Putin, nombró a Yuri Nagornykh como viceministro de deporte para que supervisara el sistema y reportara sobre el desarrollo del mismo al Ministro de Deporte Vitaly Mutko, hombre de la entera confianza de Putin y además, presidente del Comité Organizador del Mundial de Futbol 2018 y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA.

El sistema de dopaje desarrollado por el Estado, tenía un método para cambiar los resultados positivos de los atletas antes de enviarlos a las agencias y federaciones internacionales. El Informe lo llama metodología de los positivos que desaparecen, conocida en códigos por las autoridades rusas como ¨El Método de Salva o Cuarentena¨ y sirvió para convertir en negativos al menos 312 casos de dopaje positivos.

Cuando, el análisis de una muestra de orina daba positivo al dopaje, Grigory Rodeschenko informaba al viceministro de deporte y este. luego de consultar con el ministro, contestaba con una de las palabras código. Si respondía ¨Salva¨ Rodeschenko debía reportar el control como negativo en el sistema informático de la Agencia Mundial Antidopaje y de las Federaciones y después falsificar el informe del laboratorio. Si decía ¨Cuarentena¨ el caso seguía sin alteración de los resultados.

Según el informe las muestras manipuladas sobrepasan los 300 casos y están afectados casi todos los deportes olímpicos de verano Atletismo 139 positivos desaparecidos, Halterofilia 117, Lucha 28, Piragüismo 27, Ciclismo 26, Natación 18, Futbol y Remo 11 cada uno, Judo y Voleibol 8 cada uno, Boxeo y Balonmano 7 ambos, Taekwondo 6, Esgrima y Triatlón 4 cada uno, Pentatlón Moderno y Tiro 3, Voley Playa 2, Baloncesto-Vela-Tenis de Mesa y Waterpolo 1.

Meses antes de cada evento, los técnicos rusos designaban a aquellos deportistas que tendrían más posibilidades de ganar medallas para someterlos a sus planes de dopaje. No deberían preocuparse por los controles, pues en el laboratorio de Moscú, donde se analizarían todas las muestras ya sabían que hacer cuando les llegara su orina……Salva o Cuarentena.

Tras la publicación del Informe McLaren, que relató con lujo de detalles el sistema de dopaje con aval del Estado en Rusia, especialmente durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, la WADA suspendió a la Agencia Anti Dopaje de Rusia RUSADA en noviembre de 2015 y conminó a las federaciones deportivas a castigar a los deportistas de Rusia.

Tras varios años de distanciamiento, la WADA inició en 2018 un proceso de reencuentro con la agencia rusa. A fines del año pasado, se levantó la sanción que pesaba sobre la RUSADA con varias condiciones. La más importante era entregar antes del 31 de diciembre una cantidad importante de muestras que podrían servir para sancionar a deportistas. La RUSADA lo hizo, pero en las investigaciones realizadas por la WADA se detecto' !!!que las muestras fueron manipuladas para alterar los resultados!!!.

A todas estas, el Comité Olímpico Internacional, desde la presentación del Informe Mc Laren, ha respondido timoratamente frente al escándalo del dopaje ruso y se limitó a decir que esperaría la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés). Afortunadamente, en su decisión el TAS rechazo la apelación de Rusia.

En fecha reciente (25/11/2019), la WADA confirmó que el comité encargado de investigar y monitorear el cumplimiento de Rusia de las reglas mundiales antidopaje había recomendado prohibir que el país participara en todo evento deportivo internacional durante cuatro años, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.

Esperemos ahora que la decisión olímpica supere el Salva o Cuarentena y logre ponerle freno al dopaje como política de Estado. De no hacerlo, quedarían frente a la historia como unos hijos de pu...tin.

Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en las que la oposición obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), fueron el punto de partida para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociera la voluntad popular y boicoteara las actuaciones del Poder Legislativo bajo una falsa tesis de desacato. Acceso a la Justicia ha registrado hasta la fecha 113 sentencias contra el Poder Legislativo, lo que se traduce en un record grave: el TSJ fabrica un fallo contra el Parlamento cada 15 días. Los ataques se han contabilizado en 202 semanas de funcionamiento de la AN.

La primera de las sentencias fue elaborada en diciembre de 2015, pocos días después de las elecciones parlamentarias, mientras que 39 se produjeron en el año 2016; 33 en 2017 y 12 en 2018. En lo que va de 2019, el máximo tribunal acumula 25 sentencias contra el Legislativo. El cerco se ha impuesto especialmente a través de las salas Constitucional, Electoral y Plena.

Durante la IV Feria de Derechos Humanos (FDH), que organiza la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) y que se realizó del 14 al 16 de noviembre, Acceso a la Justicia indicó que 24 de las sentencias fueron emitidas para convalidar (sin la autorización de la AN) el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2016. Asimismo, 18 fallos se elaboraron para anular o limitar la potestad contralora del Parlamento.

La organización no gubernamental, que participó por tercer año consecutivo en la FDH, subrayó que de 15 decisiones emitidas por el TSJ contra el Parlamento, 2 fueron publicadas sin texto sino mediante notas de prensa, a pesar de restringir libertades personales. En efecto, fueron empleados para allanar inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria. Esta prerrogativa está establecida en el artículo 200 de la Carta Magna, y ha sido violada en el caso de 25 diputados. La gravedad de los ataques también se evidencia con el hecho de que las sentencias en cuestión están respaldadas en una errónea interpretación de la figura de la flagrancia para lograr eludir el antejuicio de mérito.

En 2017, el TSJ también elaboró 4 sentencias para convalidar la convocatoria a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), incluyendo sus bases comiciales y otras para desechar recursos intentados contra esa convocatoria.

Iniciativa coartada

En la Feria de Derechos Humanos, en la que participaron 30 organizaciones, Acceso a la Justicia señaló que un grupo de las sentencias del TSJ se usó para anular las iniciativas legislativas de la AN, sobre todo en 2016, en materias clave como el Banco Central de Venezuela (BCV), amnistía para presos políticos, bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, otorgamiento de títulos de propiedad privada de la Gran Misión Vivienda, y crisis humanitaria en el ámbito de salud.

Además, el TSJ suspendió iniciativas parlamentarias en cuanto a regular la exploración y explotación del oro, telecomunicaciones, Contraloría General de la República, protección al salario del docente, educación intercultural bilingüe indígena, servicio de policía y ambiente.

Un último grupo de sentencias son las dictadas en 2019 para declarar nulas las juntas directivas ad hoc de empresas de carácter estratégico, nombradas en el marco del Estatuto de Transición, también anulado por el TSJ.

Los elementos presentados no dejan duda de que la actuación del máximo tribunal ha constituido un “golpe judicial” contra el Parlamento. Además, con estas actuaciones, el Tribunal Supremo de Justicia ha desnaturalizado progresivamente el rol del Poder Judicial y, con ello, perdido su condición de árbitro imparcial.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Desde diciembre de 2015, el TSJ, al legalizar o amparar lo que se hace desde el Gobierno contra el ciudadano, ha perdido su razón de ser como Poder Judicial, que no es sino frenar el poder con el derecho. Además, ha vulnerado la voluntad popular y la representación ciudadana ante la AN al anular sus actos legítimos.

Enlace a la nota: https://www.accesoalajusticia.org/tsj-venezolano-una-fabrica-de-sentenci...

En Venezuela hay una mayoría muy bien identificada: la que formamos todos los que nos oponemos a ese proyecto de destrucción encabezado por Nicolás Maduro y que queremos un cambio. Una mayoría que si bien comparte un objetivo común, es diversa y no responde a un solo liderazgo o a un solo color a pesar de los esfuerzos de algunos grupos por atribuirse su representación y llamarse oposición verdadera en detrimento de otros que serían los falsos, o en algunos casos, y para coincidir más aún con la jerga revolucionaria, los traidores.

Y es cierto que una vez el grupo formado por los que nos oponemos al régimen y la unidad opositora fuimos un mismo gran grupo. Un grupo que pasó por encima de intereses individuales y partidistas y logró reunir, con el objetivo de enfrentar electoralmente al régimen, una fuerza que nos contenía a todos los que estábamos dispuestos a manifestarnos para cambiar. Y entonces actuamos como un solo bloque y ganamos las parlamentarias en 2015.

Pero hoy, ese gran grupo de 2015 ya no existe. Muchos ya no estamos allí. Y no dejamos de estar porque cambiamos. Nosotros seguimos queriendo lo mismo que queríamos entonces y queríamos seguir usando las mismas armas que entonces usamos para irle arrebatado al régimen espacios de poder y hacernos más fuertes.

Muchos ya no estamos porque los que cambiaron fueron ellos. Porque el voto ya no les pareció suficiente ni necesario si no estaba acompañado del cálculo que les aseguraba la victoria a uno u otro grupo. Porque se impusieron la mezquindad y la ambición que una vez lograron sofocar por el bien de todos. Porque desde las mismas curules que consiguieron con el voto le dijeron a sus votantes que el voto no era la herramienta que necesitábamos. Porque empezaron a jugar el juego del todo o nada en el que hasta ahora, Maduro se sigue quedando con todo y nosotros con nada.

Nosotros no cambiamos. Ellos nos cambiaron por un proyecto que se volvió personal y desconectado de las mayorías que solo han visto como el paso del tiempo sigue deteriorando sus vidas. Y para ser mayoría y poder llamarse así, hay que medirse. No es un título nobiliario ni un cargo vitalicio. Ser mayoría es ser el reflejo de lo que la mayoría quiere y se consigue cuando la gente se expresa en las urnas electorales.

noviembre 27, 2019

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2019/11/quienes-son-la-mayoria.html?utm...

Con voz propia

La Constitución Federal para los Estados de Venezuela convirtió a la Patria en tercer país de Hispanoamérica, en proclamar esta Ley Fundamental, redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Roscio; sancionada por un Congreso Constituyente instalado el 2 de marzo de 1811, que se perfiló como más antiguo de América Latina. Fue promulgada el día 21 de diciembre de ese año.

Además de las influencias del liberalismo político de la revolución francesa, recibió la directa ascendencia de la constitución estadounidense en la configuración del Estado. Esta fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 por la Convención de Filadelfia (Pensilvania) y ratificada en cada estado en el nombre de «Nosotros el Pueblo» (We the People). Contenida en 7 artículos es la más añeja en vigencia y sólo acepta enmiendas, las cuales totalizan 27 en los 232 años de existencia.

Cronológicamente la de Inglaterra de 1215 resulta la vetusta, pero se omite por no ser escrita.

Predominio en cuantía constitucional está la nuestra. Hasta la de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), totalizan 27. De los textos fundamentales, cinco han sido aprobados en Congresos Constituyentes, comenzando por el de 1811 y seis en Asambleas Constituyentes. El resto en reformas y enmiendas.

Una Constituyente (ANC) fue la que aprobó el 15 de diciembre de 1999, hace 20 años la nueva Carta Magna. La redactaron en 6 meses los 131 miembros: 24 electos en circunscripción nacional, 104 en regionales y 3 de comunidades indígenas. Solo 6 correspondieron a la Oposición. 125 fueron del Movimiento V República (MVR) partido vencedor en la Asamblea conformada en referendos, medio en el cual fue ratificado el texto fundamental.

"Nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal", afirmaba el hoy difunto Hugo Chávez. Pero no tardó en solicitar por referendo la reforma de 69 artículos y como el pueblo votante se lo negó, recurrió ilegalmente a la enmienda que impuso la reelección indefinida.

Ahora su legatario Nicolás Maduro, por ilegal decreto, implanta una ANC con nominación del excesivo número de 545 miembros para elaborar nueva Carta Magna. Se dio plazo de 3 años y nada de cumplir.

Su objetivo: abusar de poderes plenipotenciarios para arrasar con la Asamblea Nacional, que la Oposición conquistó con ejercicio de la mayoría absoluta.

Tal política implanta el dominio del narcorégimen, grotescamente diseñado por Cuba con la indigna sumisión de la cúpula militar lidera por G/J Padrino López.

Así se actúa en el Foro Sao Paulo, iniciado en 1990 con instauración del socialismo XXI, para destruir democracias.

En el 20º aniversario la robolución, impuesta en la hegemonía expresada en cadenas de radio y tv permanentes, con apatía de gerencia de medios. Excluidos están los impresos confiscados y eliminados en gran parte.

¡Que ONG suplan la ineficiencia de oposición¡ claman. Para bien del pueblo sometido a hiperinflación, hambruna y condenado a muerte por falta de medicina, se manifiesta con la proclamación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente de la República con reconocimiento de 60 países ante la usurpación del paisano Maduro.

Oportuno los cuatro lustros de la CRBV para su reflexión. Evitemos decires como el de Chateaubriand: “Prefiero la libertad sin Constitución a la Constitución sin libertad”.

Recordemos la Constituyente francesa de 1789: "Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución"

Al MARGEN. A lo que nos han llevado: figurar con color rojo, y no precisamente con el que se apadrina el narcorégimen. Con esa indicación se alerta que para el 2020 “la delincuencia violenta y el terrorismo plantean importantes riesgos directos o incidentales para los viajeros y cesionarios internacionales”, según la definición de International SOS.

jordanalberto18@ yahoo.com.

La desconfianza pulula en nuestros días. Es un mal mundial y generalizado que se hace más evidente en la vida política, pero que abarca todos los sectores. Desconfiamos de los alimentos, de las vacunas, de los médicos, de las investigaciones científicas, de los medios de comunicación, de nuestros vecinos y parientes. En fin, desconfiamos de todo y de todos. El francés Alain Peyrefitte, en su obra La societé de la confiance, atribuye a ese factor inmaterial el mayor o menor desarrollo de los pueblos. De ser cierta esta tesis, y apostamos que sí, estamos en vías de regresar al período neolítico. La mayoría de las informaciones que nos llegan son ciertas, pero tenemos la tendencia a darle más credibilidad a las más inverosímiles. La mayor parte de las personas son confiables, pero preferimos pensar que no lo son. Analicemos los casos de nuestros militares y políticos.

Durante muchas décadas hemos escuchado a los dirigentes civiles predicar que los militares no deben ser árbitros en política. Que las instituciones civiles son las que deben designar a los presidentes por la vía del voto y destituirlo cuando violan la Constitución y las leyes. En teoría esto es lo correcto. El problema se complica cuando un presidente viola la Constitución y las instituciones civiles se hacen las desentendidas o incluso avalan las fechorías, como sucede frecuentemente en Venezuela. Nuestra Constitución contempla en su artículo 333 que Todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, lo cual es un mandato que no excluye a los militares. El punto es quién decide cuándo se viola la Constitución y quienes son los culpables. Obviamente, en condiciones normales no deben ser los militares los que deben calificar el delito.

Por otra parte, algunos políticos consideran que sería nefasto que los militares intervengan, lo cual envía un mensaje confuso a quienes están en los cuarteles. Los oficiales que decidieron actuar o que expresaron su desacuerdo con el régimen están presos, algunos fueron torturados, uno fue además asesinado, el capitán de corbeta Rafael Acosta, y otros pasados a retiro o exiliados. A pesar del elevado número de militares que han sufrido atropellos, existe una fuerte tendencia a descalificar a la institución armada. Desconfiamos de todos los verde oliva y los tildamos de corruptos.

Los políticos constituyen el otro sector frecuentemente vilipendiado. Muchos desconfían porque no actúan como solicitan quienes ven los toros desde la barrera o quienes están en el ruedo, pero son solo ayudantes en la cuadrilla. Dos políticos fueron asesinados Albán y Rada y hay muchos políticos presos, refugiados en embajadas y exiliados, pero eso tiende a no valorarse.

Desde luego que la desconfianza hacia militares y políticos tiene alguna base. Hay militares militantes del PSUV como Padrino López y Remigio Ceballos, muchos corruptos y también hay torturadores, como en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y en la Guardia Nacional hay oficiales y guardias que reprimen manifestaciones con uso abusivo de la fuerza.

Entre los políticos hay corruptos y también integrantes de la quinta columna del régimen. Escarrá y Arias Cárdenas son ejemplos evidentes de hipocresía. Otros, como Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica, Rafael Marín y Henry Falcón despiertan desconfianza más con razón, que sin ella, de ser colaboracionistas del régimen.

El llamado G4, integrado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, es visto con desconfianza por insistir en la vía electoral para salir de la usurpación. Por su parte Vente Venezuela y Alianza Popular no inspiran confianza por la terquedad de insistir en las protesta de calle y en un TIAR que ningún país quiere aplicar.

Con todo y sus errores y defectos, debemos aceptar que no saldremos de esta narcodictadura sin el concurso de militares y de políticos. Un paso necesario, aunque no suficiente, es que los ciudadanos de a pie dejemos de criticar a ambos sectores y que estos se unan alrededor de los principios y valores. Los militares solo darán un paso al frente si perciben que el sector político está unido y con un acuerdo y un plan de mediano plazo. Los ciudadanos de a pie solo dejaremos de desconfiar cuando los militares dejen de reprimir y los políticos depongan posiciones y remen en la misma dirección. La difícil situación que vivimos amerita que descartemos la desconfianza. Se debe seguir protestando y apoyando las sanciones, y paralelamente prepararnos para elecciones siempre y cuando se den las condiciones de transparencia que exigimos.

Como (había) en botica:

Por sustraer de un pesebre unas figuras para jugar, dos niños de 8 y once años fueron torturados por un oficial de la Guardia Nacional en San Tomé. Al general que acudió a conversar con la comunidad parece que le preocupó más que el video ruede en las redes que el hecho criminal.

La masacre en Ikabarú, Gran Sabana, evidencia que la Fuerza Armada brilla por su ausencia en ese municipio o es cómplice en el negocio del oro.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Los abogados relacionados con el sector deportivo venezolano, manifestaban entre si su asombro y rechazo a los planteamientos formulados por el Presidente del Comité Olímpico Venezolano Eduardo Álvarez, en el acto recientemente celebrado en los salones del ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.

-No puede ser, explicaba uno de los jurisconsultos, que este señor se presente con su cara muy lavada, a decir frente a los ilegales magistrados que “el Comité Olímpico es un Organismo Supranacional”. Que el Comité Olímpico Venezolano es una Asociación Civil de carácter privado, cuya vigencia solamente está dada por el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional y no por ninguna ley nacional. Y remató señalando, que las querellas suscitadas en el Movimiento Olímpico deben ser dirimidas exclusivamente por el Tribunal Arbitral de Deportes con sede en Lausana Suiza y no en los tribunales del país.

-¿En serio, dijo eso? preguntó otro de los abogados. Ese tipo está fumao. Lo que señaló no es más que una aberración. En Venezuela, a partir de la Constitución de 1999, el deporte fue incluido como derecho cultural, en el que el Estado lo asumió como una política de educación y salud pública, con la subsecuente garantía de asumir los recursos para su promoción, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competencia, la evaluación y la regulación de las entidades deportivas del sector público y privado.

-Colega usted tiene toda la razón en su argumento, dijo otro de los presentes en la conversación. Solo quisiera agregar que, bajo el paradigma de la Constitución de 1999, debe tenerse en cuenta que cuando se hace referencia a la materia deportiva, sin duda alguna se aborda un asunto que trasciende el orden particular, pues atañe al interés general y social el Estado Social de Derecho y de Justicia, y bajo esa óptica debe abordarse los asuntos que sobre este tema sean sometidos a consideración de los órganos jurisdiccionales. Una interpretación distinta a esto, solo busca imponer a trocha y mocha criterios que están por encima de la ley para justificar atropellos contra los Derechos de las personas u organizaciones.

-Un asesor de las Federaciones Deportivas, interviene para exponer que conforme a la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, el Comité Olímpico Venezolano, es un ente del sector privado de la organización deportiva (artículo 26), que se rige por sus Estatutos y reglamentos, así como por las normas del Comité Olímpico Internacional en el marco del ordenamiento jurídico venezolano, esto es bajo el óbice de la Constitución, norma fundamental sobre la que descansa el ordenamiento jurídico.

-Creo recordar, señalo uno de los abogados especialista en materia electoral, que frente a una impugnación de las elecciones del Comité Olímpico, la Sala Electoral del TSJ, declaró improcedente la demanda alegando la supranacionalidad del organismo, fundamentando su decisión en la Ley de Arbitraje Comercial y la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las sentencias Arbitrales Extranjeras. Posteriormente la Sala Constitucional revocó la decisión de la Sala Electoral, alegando que la materia deportiva atañe al interés social y general del Estado y, por tanto, no es de naturaleza comercial, razón por la que el instrumento legal invocado como fundamento de derecho no resulta aplicable ni siquiera por analogía.

Colegas, creo que el problema planteado va más allá del Derecho Constitucional, señaló el abogado de mayor antigüedad en el Derecho Deportivo. Estamos en presencia de una pelea entre camaradas burócratas revolucionarios, forma elegante de decirles enchufados, que solo buscan adueñarse del control de los recursos dolarizados que se mueven en el olimpismo. Por un lado, el Ministro del Poder Popular para el Deporte interviene las Federaciones Deportivas para controlar a sus directivas y sumar votos para la elección del Comité Olímpico Venezolano y así lo dejo ver claramente con el caso de la intervención de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos al erigirse ilegalmente en el organismo rector del proceso electoral.

Por el otro lado, se encuentra el Presidente del Comité Olímpico, que no quiere desprenderse de esa teta que le permite manejar a discrecionalidad los recursos dolarizados del Movimiento Olímpico.

-¿Y los ilegales magistrados que papel juegan? preguntó alguien.

-Por el papel jugado en las decisiones contradictorias de la Sala Electoral y la Constitucional, podemos pensar en que el padrinazgo de uno u otro lado influyan en las decisiones o quizás las invitaciones para asistir a los Juegos Olímpicos. Rio de Janeiro o Tokio son destinos turísticos muy apreciados y apetecidos …y si es con los gastos pagos mucho más.