«Un espectro atemoriza a la Europa oriental: en Occidente lo llaman «disidencia».

Václav Havel (1936-2011)

El poder de los sin poder (Cap. I)

I

Qué sabemos acerca de la Carta 77. Aquel documento, que en 1977 firmaran un grupo de personas de diversas convicciones, diversos credos y diversas profesiones; alrededor de unos líderes intelectuales, entre los que se encontraba: Václav Havel. Último presidente de la República Socialista Checoslovaca (CSSR) y primer presidente de la República Checa.

Una declaración dada al mundo, de forma abierta y democrática; que puede ser interpretada hoy, como una especie de recurso de amparo, que motivó a unos profesionales a diseñarla y suscribirla frente a los graves atropellos cometidos a las libertades y derechos de los ciudadanos de la nación de Checoslovaquia. Uno de los países que fuera del otrora mundo político e ideológico de la Cortina de Hierro.

II

Ahora bien, ante el episodio convulsionado que vive Venezuela, el cual ha alejado las garantías de tantas libertades y derechos –por cierto, suscrito y establecidos en los Tratados Internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución–: qué palabra, fragmento o párrafo completo, de esa carta publicada hace cuarenta y dos años, puede servir de interés común a la activa disidencia del país que se debate entre opiniones encontradas por tweeter; que ve perder su valioso tiempo productivo y de ocio; que sufre de desazón cuando lo invade la incertidumbre; que se encuentra organizada democráticamente –algunas de ellas–, pero actuando en sus propios frentes de luchas; muchas otras, movilizadas en marchas siguiendo las directrices de un líder emergente, que ha asumido la alta responsabilidad moral y ética, como Presidente encargado; y ahora para colmo, esa disidencia y el oficialismo, padeciendo de algo novedoso: de mucho calor y carencia de agua, por la falta de servicio eléctrico.

Pero dejemos que la protagonista que titula esta entrega, sea la que destaque aquí. Cualquier similitud con nuestra tribulación en el ámbito nacional, no es que sea mera coincidencia, sino que los regímenes totalitarios a través de la historia, siguen un protocolo común:

III

DECLARACION-CARTA 77

La denominada carta 77, firmada en Checoslovaquia el día 1 de enero de 1977 por más de doscientas personas de diversas profesiones, ha sido publicada por el Servicio de Documentación de la Agencia C.I.O. (boletín número 259 del 26 de febrero) en su texto original junto con la relación de sus firmantes y su traducción al castellano. A fin de ayudar a su difusión, escasa por falta de la suficiente resonancia en los grandes medios de comunicación, reproducimos aquí la referida traducción de dicho documento efectuada por la Agencia C.I.O.

E1 día 13-X-1976, en la Colección de Leyes CSSR (República Socialista Checoslovaca) (núm 120), se publicaron los «Tratados Internacionales sobre Derechos Cívicos y Políticos» y los «Tratados sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales», firmados en nombre de nuestra República en 1968, ratificados en Helsinki en 1975, que entraban en vigor el día 23-III-1976. Desde ese momento nuestros ciudadanos también tienen derechos, y nuestros Estados obligaciones que cumplir.

Las libertades y derechos del hombre, que estos tratados garantizan, son importantes valores de la civilización hacia las cuales han ido dirigidas —en la historia— las fuerzas progresivas, y su legalización puede ayudar mucho para una evolución humanitaria de nuestra sociedad.

Celebramos, por tanto, que la República Socialista Checoslovaca se haya adherido a esos tratados. La publicación de éstos contribuye a recordar cuantos derechos fundamentales del hombre están vigentes en nuestro país, aunque lamentamos que sea sólo sobre el papel.

Es completamente ilusorio, por ejemplo, el derecho a la libertad de manifestación, garantizada por el artículo 19 del Tratado: para decenas de miles de ciudadanos es imposible trabajar en su propia profesión, sólo porque tienen diferentes opiniones a las oficiales. Muchas veces son objeto de múltiples discriminaciones y persecuciones por parte de la burocracia oficial y de otras organizaciones. Las posibilidades de defenderse son nulas, y, prácticamente, son víctimas de un «Apartheid».

A centenares de miles de hombres se les niega la libertad —son «obligados a vivir bajo terror» (preámbulo del Tratado) — ya que, son obligados a vivir bajo el miedo de perder su trabajo, y otros posibles, si manifiestan sus opiniones.

En contradicción con el artículo 13 del segundo Tratado —que garantiza los derechos a la educación— muchos jóvenes no pueden estudiar a causa de sus opiniones o de las de sus padres. Muchísimos ciudadanos son obligados a vivir bajo el miedo a perder sus derechos y los de sus hijos a la educación, por sólo alguna manifestación de opinión opuesta a la oficial.

IV

Las reclamaciones de derechos, investigar, recibir y distribuir informaciones e ideas de todas clases, verbalmente, por escrito, impresas o por medio de expresiones artísticas (punto 2, art. 13 del primer Tratado), todo esto es perseguido no sólo por los tribunales sino por otros medios, bajo la disculpa de acusación criminal, como sucede actualmente en los procesos contra músicos jóvenes.

La libertad de manifestación pública está reprimida por las instituciones centrales de información y cultura. Nadie tiene derecho de manifestar su opinión en materia política, filosófica o científica si no está de acuerdo con las normas sobre ideología o estética oficial, y, por tanto, no puede ser publicada; tampoco puede ser hecha pública cualquier crítica de fenómenos sociales importantes; no existen la posibilidad de protección contra calumnias o injurias de la propaganda oficial; la protección legal contra las «ofensas al honor y a la fama» —garantizada concretamente por el artículo 17 del Tratado primero— no existe prácticamente; las inculpaciones falsas no pueden ser impugnadas, y cualquier iniciativa para obtener reparación por vía judicial está excluida. En el terreno espiritual y cultural está prohibida la discusión pública. Muchos hombres de ciencia o pertenecientes a la vida cultural son discriminados sólo porque hace años —actuando dentro de la legalidad— habían manifestado públicamente opiniones oficialmente condenadas en la actualidad.

La libertad de las confesiones religiosas —garantizada por el artículo 18 del primer Tratado— está sistemática y arbitrariamente limitada por el poder. Está limitada la actividad de los sacerdotes; se amenaza a diario con la anulación de los permisos para sus actividades misionales, con repercusiones para su existencia; están limitadas las posibilidades para catequesis religiosas, etc. Instrumento para limitación o total supresión de derechos humanos, es el sistema de opresión mantenido por personas poderosas del Partido gobernante en todos los sectores de la vida, de las organizaciones y de las instituciones. La constitución de la CSSR y otras leyes y disposiciones no regulan ni las actuaciones, ni la preparación y aplicación de las decisiones; son prácticamente órdenes verbales, sin control, desconocidas para la población, y los autores de tales órdenes no son responsables ni ante la propia jerarquía. No obstante, estos «gobernantes» tienen influencias en todas las instancias legales, e instituciones gubernativas: «sus órdenes» son más importantes que las leyes. En caso de conflicto entre «gobernantes» y ciudadanos, éstos no tienen posibilidades de defenderse. Esto está en contra de los derechos reconocidos artículo 21 y 22 del primer Tratado (derecho de reunión y sus limitaciones), del artículo 25 (igualdad de derechos en los conflictos con la administración), y del artículo 26 (exclusión de discriminaciones ante las leyes). Esta situación de hecho impide también a los trabajadores constituir libremente sus organizaciones sindicales, con el fin de defender sus intereses económicos y sociales, haciendo uso libremente del derecho de huelga (punto 1 del artículo 8 del segundo Tratado).

Otros derechos cívicos —incluso la prohibición expresa de intervenir arbitrariamente en los asuntos de la vida privada, de la familia, del domicilio, o de la correspondencia (artículo 17 del primer Tratado)—, son gravemente perturbados por el Ministerio del Interior, que con diferentes procedimientos controla la vida de los ciudadanos, por ejemplo, mediante intervención de teléfonos, escuchas en domicilios, censura de correspondencia, vigilancia a personas, registros domiciliarios, creación de redes de informadores, seleccionados bajo amenazas o promesas, etc. Muchas veces se trata de despidos laborales, en oficinas y otras organizaciones, inspirados por razones discriminatorias, y realizadas mediante presiones a la justicia, campañas de propaganda dirigida incluso en los medios de comunicación. Tales actividades no están reguladas por leyes, son secretas y el ciudadano no se puede defender.

En los casos de persecuciones por motivos políticos, los órganos de la justicia no respetan los derechos de los acusados, ni su defensa, garantizada por el artículo 14 del primer tratado y por leyes nacionales. En las cárceles las víctimas son brutalmente tratadas, sin respeto a su dignidad; su salud es puesta en peligro hasta la tortura moral.

En general, el punto 2 del artículo 12 del primer Tratado, es violado por las prohibiciones de abandonar el país; el punto 3, sobre el derecho a salir del país, está suprimido por varias condiciones inaceptables por motivos de seguridad. Igualmente se ponen obstáculos para, conceder visados para visitar CSSR a personas amigas de los discriminados.

Algunas personas que —por medios internacionales— han presentado reclamaciones sobre violaciones de los derechos humanos, son interrogadas, y su petición no obtiene resultado.

La responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos ciudadanos en el país recae ante todo en el poder político y estatal, eso es evidente. Pero no sólo en ese poder. Cada uno de nosotros, cada ciudadano, conlleva su parte de responsabilidad por la situación de la comunidad, y también por el cumplimiento de los tratados respaldados por la ley que, a fin y al cabo, son obligatorios no sólo para los gobiernos, sino también para todos los ciudadanos.

La conciencia de esa corresponsabilidad, la fe en el sentido del compromiso ciudadano y la voluntad de actuar consecuentemente, así como la necesidad común de buscar sus expresiones más nuevas y más eficaces, nos llevaron a la idea de redactar la CARTA 77 cuya aparición anunciamos públicamente en el día de hoy.

La CARTA 77 consiste en una agrupación libre, informal y abierta de personas de diversas convicciones, diversos credos y diversas profesiones, unidas por la voluntad de emplearse individualmente y en grupo, para que sean respetados los derechos ciudadanos y humanos en nuestro país y en el mundo entero, pues se trata de aquellos derechos, que le reconocen al hombre los dos tratados internacionales legalizados, el Acta final de la Conferencia de Helsinki, otros numerosos documentos internacionales contra las guerras, contra la violencia y opresión social y espiritual, y los expresados conjuntamente por la Declaración universal de los Derechos humanos de la ONU.

La CARTA 77 nace en el trasfondo de la solidaridad y amistad de las personas que comparten los desvelos por el destino de unos ideales a que unieron y unen sus vidas y trabajos.

La CARTA 77 no constituye una base para la actividad política de oposición. Quiere servir al interés común como muchas otras iniciativas ciudadanas similares en diversos países del Oeste y del Este. No quieren, pues, fijar sus propios programas de reformas o cambios políticos o sociales, sino establecer —dentro del ámbito de su actuación— un diálogo constructivo con el poder político y estatal, para señalar, sobre todo, diversos casos concretos de quebrantamiento de derechos humanos y ciudadanos, preparar la documentación correspondiente, presentar diversas propuestas de índole más general, para promover más a fondo esos derechos y garantías, y actuar como mediador en las situaciones conflictivas ocasionales a que puedan dar lugar las injusticias, etc. Con su denominación simbólica, la CARTA 77 pone de relieve que nace en el umbral del año que ha sido declarado Año de los derechos de los presos políticos, en que la Conferencia de Belgrado ha de examinar el cumplimiento de los compromisos contraídos en Helsinki.

Como firmantes de esta declaración, encomendamos al Prof. Dr. Jan Potocak, DrSc Dr h. c., a Václav Havel, y al Prof. Dr. Jirí Hájek DrSc la tarea de ser portavoces de la CARTA 77. Estos portavoces la representan con plenos poderes —tanto ante las organizaciones estatales y otras, como ante el público nuestro y del resto del mundo—, garantizando con sus firmas la autenticidad de los documentos pertinentes. En nosotros y en los demás ciudadanos que nos secunden tendrán colaboradores que a su lado tomarán parte en las deliberaciones que hagan falta, se encargarán de las tareas parciales, y compartirán con ellos todas las responsabilidades.

Confiamos en que la CARTA 77 contribuya a que en Checo-Eslovaquia todos los ciudadanos trabajen y vivan como personas libres.

MSc. Arichuna Silva Romero.

@asiromantis

Pasados comentarios del nuevo presidente del Banco Mundial, David Malpass, sobre los salarios del Banco y los préstamos a China llevaron a sus críticos a comparar su designación con poner a un incendiario a cargo del departamento de bomberos. Pero antes que eso, importa mucho más concentrarse en el avance hacia la misión central del Banco Mundial, que es poner fin a la pobreza extrema.

En su último año fiscal, el Banco distribuyó casi 67 000 millones de dólares en financiación, inversiones y garantías. Pero según el “nuevo rumbo” fijado por su anterior presidente, Jim Yong Kim, en 2016, el Banco apunta a destinar más de la cuarta parte de su financiación al cambio climático. Además, gracias a Kim, el Banco insiste en no invertir ni un dólar sin tener en cuenta el cambio climático, y dejó de dar sostén financiero a las centrales termoeléctricas a carbón.

El argumento para evaluar las ayudas al desarrollo a través del prisma del cambio climático es que el aumento de temperaturas agrava problemas como la malaria y la falta de acceso a educación. Es verdad, pero entre casi todos los problemas hay una influencia mutua. Un aumento de la malaria vuelve a los niños más vulnerables al hambre; la mala nutrición y la falta de saneamiento empeoran los resultados educativos; la inasistencia a la escuela conduce a más pobreza; y así sucesivamente.

Lo más importante entonces es determinar qué política es una respuesta más eficaz. ¿Ayuda más a los pobres hacer un recorte de las emisiones de dióxido de carbono ahora y conseguir una ligera reducción de las temperaturas en cien años, o concentrarnos inmediatamente en la malaria y en la educación? Los datos demuestran claramente que las políticas directas son mucho más eficaces.

El énfasis del Banco Mundial en el clima también se contradice con los deseos de los ciudadanos más pobres del mundo. Naciones Unidas preguntó a casi diez millones de personas de todo el mundo cuáles eran sus prioridades, y respondieron que eran mejorar la educación y la atención médica, reducir la corrupción, crear más empleos y abaratar los alimentos. El calentamiento global terminó último entre dieciséis cuestiones.

Con Kim, el Banco propagó la idea simplista de que el uso de combustibles fósiles siempre es perjudicial, que hay que prohibir el carbón y que la solución pasa por la “ayuda climática” al desarrollo. Pero la verdad es mucho más compleja.

Los combustibles fósiles contribuyen al calentamiento global, pero también a la prosperidad y al bienestar. Mil millones de personas en todo el mundo viven en casas sin energía suficiente ni siquiera para encender una sola bombilla eléctrica. Y más de tres mil millones viven en países sin redes de distribución confiables capaces de dar energía durante las 24 horas del día a hospitales y fábricas.

En la práctica, la política del Banco Mundial de abandonar los combustibles fósiles y adoptar un “lente climático” implica a menudo apoyar el uso de generadores solares independientes, que proveen electricidad suficiente para una sola bombilla o para recargar un teléfono móvil. En algunos lugares eso puede ser un avance, pero en la mayoría de las situaciones, esos generadores independientes no podrán resolver los principales problemas de energía de los pobres del mundo. Ningún país en la historia se volvió próspero y globalmente competitivo sin redes de energía integradas. Todas las economías de altos ingresos dependen de la provisión de energía abundante, barata y generada en su mayor parte mediante combustibles fósiles.

En tanto, tres mil millones de personas padecen una terrible contaminación del aire en sus hogares, porque la pobreza las obliga a quemar combustibles sucios, como madera y estiércol, para cocinar y calentarse. Pero los paneles solares no proveen energía suficiente para hacer funcionar cocinas o calefactores (ni refrigeradores para conservar vacunas y alimentos). Tampoco pueden impulsar la maquinaria agrícola e industrial de la que dependen la creación de empleos y la salida de la pobreza. En ese sentido, la distribución de paneles solares es más que nada un modo de que los ricos se sientan bien porque hicieron algo en relación con el calentamiento global.

El carbón se usa en países ricos y pobres por igual porque suele ser la fuente de energía más barata y fiable. La Agencia Internacional de la Energía calcula que incluso en 2040, la generación de energía solar y eólica seguirá siendo más cara en todos los grandes mercados que la generación actual con carbón, si se tiene en cuenta el carácter intermitente de la producción de energía verde.

Asimismo, un estudio del Consenso de Copenhague examinó los efectos de la construcción de centrales termoeléctricas a carbón en Bangladesh. Según los cálculos, esas centrales pueden producir un daño climático global por valor de 600 millones de dólares en los próximos quince años. No es una cifra trivial. Pero al aumentar la energía disponible para el desarrollo industrial, el proyecto generaría beneficios totales por 258 000 millones de dólares, unas 500 veces más que los daños, de modo que el bangladesí promedio sería un 16% más rico en 2030. El proyecto tiene margen suficiente para implementar medidas de compensación de emisiones y seguir siendo inmensamente efectivo.

Estos son los cálculos que debería hacer el Banco Mundial. Al negar préstamos que financien esas centrales a carbón, el Banco evita 23 centavos de costo renunciando a cien dólares de beneficios en materia de desarrollo. No es ni ético ni razonable.

Hay una conexión directa entre el suministro de energía y la prosperidad. El mismo Banco Mundial publicó hace poco un estudio según el cual las personas que viven en lugares con escasez de energía tienen entre un 35% y un 41% menos de probabilidades de conseguir empleo. Y previsiblemente, otro estudio demostró que la distribución de paneles solares no tiene un efecto medible, salvo una ligera provisión de electricidad, y no aumenta los niveles de ahorro, gasto, empleo, ingresos o acceso de los niños a educación.

El mundo sólo reducirá su dependencia de los combustibles fósiles cuando haya alternativas genuinas que sean mejores y más baratas. Esto demandará un esfuerzo innovador de investigación y desarrollo que vuelva la generación verde de energía más económica que los combustibles fósiles (un esfuerzo al que el Banco Mundial incluso podría dar apoyo).

Pero antes Malpass debe reorientar al Banco hacia su misión central. Dejando a un lado su irreflexivo énfasis en la cuestión climática, el Banco hace una labor muy importante. Malpass debe asegurar que se concentre en las iniciativas más eficaces, incluidas una mayor liberalización del comercio internacional, el combate a la tuberculosis, la nutrición infantil temprana, la planificación familiar y la educación asistida por computadora.

El nuevo presidente del Banco Mundial tiene una chance de dejar su impronta en una organización que todavía es valiosa; su primer paso debería ser renovar el compromiso de la institución con la erradicación de la pobreza, incluida la pobreza energética, que arruina tantas vidas.

Traducción: Esteban Flamini

Abril 11, 2019

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/world-bank-president-climat...

Los ingresos de las familias de clase media se están estancando mientras que los ultrarricos se están llevando tajadas cada vez más grandes de dinero, advierte un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El reporte dice que las clases medias están siendo "despojadas" y que tienen cada vez menos probabilidades de prosperar y crecientes temores de inseguridad laboral.

En un contexto de populismo político y preocupaciones por el aumento del extremismo, el estudio asegura que las familias de clase media tradicionalmente moderadas se sienten "abandonadas" y son cada vez más propensas a apoyar a los movimientos "antisistema".

Las clases medias suelen ser la "base de la democracia" por lo que los países occidentales enfrentarán las consecuencias políticas de esta situación, advierte el análisis de la OCDE, presentado este miércoles.

1. Impacto desestabilizador

La OCDE augura un impacto desestabilizador si este sector de la sociedad, definido como el que gana entre el 75% y el 200% del ingreso promedio, sigue sintiendo que pierde prosperidad.

A nivel internacional, la OCDE observa un modelo económico cambiante, en el que los ingresos altos se disparan hacia arriba, mientras que los ingresos medios registran un "crecimiento deprimente" o una caída.

Quiénes son los pentamillonarios, la nueva clase social que crece aceleradamente en el mundo

En los países de la OCDE, que incluyen a la mayoría de las grandes economías de Europa occidental y América del Norte, el 10% más rico ha aumentado sus ingresos en un tercio más que las personas con ingresos medios.

En EE.UU., durante las últimas tres décadas, el 1% de las personas que más ganan ha aumentado sus ingresos anuales entre un 11% y 20%.

En cambio, "los ingresos medios son apenas más altos hoy que hace 10 años", dice el análisis.

2. Nacionalismo, aislacionismo, populismo, proteccionismo...

El informe advierte sobre las consecuencias sociales, más allá de la economía de cada hogar, de que las clases medias pierdan la confianza en el sistema.

El aumento de la desigualdad de ingresos podría amenazar "su confianza en los demás y en las instituciones democráticas".

En lugar de una movilidad social ascendente y una creciente prosperidad, el informe dice que las clases medias están más preocupadas por la tendencia a descender.

El estudio señala que la percepción de la disminución de oportunidades está causando un "creciente descontento".

El "estancamiento de los niveles de vida de la clase media" ha ido acompañado por el surgimiento de "nuevas formas de nacionalismo, aislacionismo, populismo y proteccionismo".

3. Menos acceso a vivienda y menos seguridad laboral

El informe, titulado "Bajo presión: la exprimida clase media", dice que los tótems de la vida familiar de clase media, como el acceso a vivienda y a educación superior, se han vuelto cada vez más caros.

El aumento del costo de las viviendas, en particular, ha superado al crecimiento de los ingresos, situación que hace que los padres se preocupen por las perspectivas para sus hijos para comprar una casa o un apartamento.

Otra ventaja tradicional de la clase media ha sido la seguridad en el empleo, pero esto también se ha erosionado.

4. Menos gente joven

"Hoy en día, la clase media se parece cada vez más a un barco en aguas rocosas", dice el secretario general de la OCDE, Angel Gurría.

El creciente descontento de la clase media puede tener un impacto desestabilizador en la política.

La creciente brecha de ingresos ha llevado a más personas a los extremos de riqueza y pobreza, por lo que los millennials en sus 20 tienen menos probabilidades de formar hogares con ingresos medios que los baby boomers, que están en sus 50 y 60 años.

"Una clase media fuerte y próspera es importante para la economía y la sociedad en general", dice el estudio.

Pero indica que los hogares de clase media tienen una sensación de "injusticia" y están "cada vez más ansiosos por su situación económica".

Corresponsal de Familia y Educación

BBC

12 abril 2019

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47901139

La Academia Nacional de Ciencias Económicas se siente impelida a dirigirse a la Nación ante los sufrimientos causados por el colapso de la economía venezolana. Estimaciones responsables –porque el régimen no publica cifras al respecto desde 2016—señalan una contracción de la actividad económica en 2018 del 18%, quinto año consecutivo de disminución. El ingreso promedio por habitante es hoy la mitad del de 2013, inferior incluso a la cifra de 1950. El Banco Mundial, en su informe trimestral, pronostica una caída adicional del PIB del 25% para 2019, de continuar las cosas como están. La hiperinflación cerró en 1.687.000% según registros que lleva la Asamblea Nacional y, para el presente año, estimaciones iniciales del FMI no excluían la posibilidad de que llegase a 10.000.000%, cifra que, de concretarse, estaría entre las más altas conocidas en todos los tiempos.

Tal desempeño ha tenido un efecto devastador en el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo es hoy menor que seis dólares al mes, según su cotización oficial. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida levantada por la UCAB, la UCV y la USB registró que la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos, afectó al 94% de los hogares en 2018. Según la FAO, entre 2015 y 2017 el 11,7% de la población se encontraba desnutrida. El informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. reporta la reaparición de enfermedades previamente erradicadas, como el sarampión y la difteria, la multiplicación por once de los casos de malaria entre 2009 y 2017, y un incremento significativo de otras enfermedades, como la tuberculosis. La UNICEF, por su parte, informa de un incremento de la mortalidad infantil del 76% entre 2012 y 2017. Estos retrocesos son resultado del deterioro en las condiciones sanitarias del país durante los últimos años, altamente correlacionado con el desplome sostenido de la economía. De continuar agravándose, estas calamidades y muchas otras que sería demasiado largo mencionar aquí, habrán de empeorar aún más. En particular, el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, con sus reiterados y prolongados apagones, y los estragos que ello ha ocasionado en la prestación de otros servicios básicos, algunos vitales como el agua y la atención hospitalaria, representan una grave amenaza para muchos, sobre todo de los más desasistidos.

Lamentamos concluir que este desastre humanitario ha sido urdido, en gran medida, por las funestas políticas instrumentadas por quienes, contrariando el orden constitucional, se empeñan todavía en controlar el poder. Siendo presidente Nicolás Maduro, esta Academia le hizo numerosos llamados para que rectificara su conducción de los asuntos económicos en aras de revertir el deterioro creciente que se proyectaba sobre las condiciones de vida del venezolano. Desgraciadamente, fueron desoídos. Poderosos intereses cultivados en torno al intervencionismo estatal, la depredación de los recursos de la Nación y la no rendición de cuentas mostraron ser mucho más fuertes que el interés por atender los derechos fundamentales y el bienestar de la población. Ante ello, más de tres millones de venezolanos han huido del país en búsqueda desesperada de condiciones que le aseguren su subsistencia.

Estos efectos destructivos habrán de continuar mientras el actual régimen ilegítimo desista en abandonar el poder. Su incompetencia y desidia no sólo acabó con la prestación eficaz de los servicios públicos, sino que dañó severamente la producción de petróleo, la principal fuente de ingresos de los venezolanos. Según fuentes secundarias registradas por el Boletín Mensual de la OPEP, habrá caído a apenas 732.000 barriles diarios en marzo, menos de la cuarta parte de hace 20 años. Esta situación se une a la cesación de pagos de los compromisos financieros internacionales del Estado (default) para restringir las importaciones a los niveles de hace cinco lustros. Junto a la destrucción del aparato productivo y comercial del país, ha reducido drásticamente la oferta de bienes y servicios a la población. Al colapsar la actividad económica, también lo ha hecho la base tributaria del Estado. Hoy, quienes usurpan el manejo de la cosa pública dependen más que nunca de la emisión monetaria para financiar sus gastos, alimentando así la dinámica alcista en los precios. Los intentos por contener su impacto inflacionario aplicando encajes prohibitivos a la banca han eliminado en la práctica la función intermediadora del sistema financiero, llevándolo al borde de su desaparición. Si bien el alza de precios de marzo fue de18,1%, habiendo sido mayor al 50% los dieciséis meses anteriores, esta reducción se ha hecho a costa de una contracción brutal en la actividad económica y de futuras penurias para la población.

Esta Academia reitera una vez más que el país sí puede superar la trágica situación a que lo han llevado, aplicando un programa que libere las fuerzas productivas a través de la eliminación de los controles y las regulaciones, en un marco de estabilización macroeconómica que sustituya el financiamiento monetario del gasto por un generoso financiamiento internacional, con una reestructuración inteligente de la deuda externa que alivie su carga sobre la economía. Ello permitirá derrotar la inflación y unificar y estabilizar a su vez un tipo de cambio libre. Junto al restablecimiento de las garantías jurídicas de un Estado de Derecho, atraerá un importante flujo de inversiones extranjeras. Actualmente la producción industrial y agrícola trabajan con menos del 30% de su capacidad, pudiéndose recuperar rápidamente, generando empleo cada vez mejor remunerado si, además de todo lo anterior, se atacan de manera concertada los cuellos de botella existentes, incluyendo el colapso de los servicios públicos. Para éstos y otros fines, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han manifestado estar prestos a considerar importantes créditos para Venezuela, que se harían efectivos de darse las condiciones apropiadas.

Es decir, el empobrecimiento continuo del venezolano en absoluto constituye una fatalidad. Lo que hoy se interpone a la posibilidad tan inaplazable de mejorar de manera sostenida sus condiciones de vida es la persistencia en mantenerse en el poder de una camarilla contraria al interés nacional, en violación del ordenamiento constitucional. Los miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, sobrecogidos por las dimensiones de la tragedia urdida sobre los venezolanos y convencidos de que ésta puede y debe superarse, hacen un llamado angustioso a que cese de inmediato la presente usurpación del poder para que un gobierno de transición convoque perentoriamente comicios presidenciales con todas las garantías, de manera que el país pueda elegir un presidente legítimo que aplique un programa de rescate y recuperación de la economía, capaz de devolverle al venezolano su dignidad y de abrirle posibilidades de una mejora sostenida en sus condiciones de vida.

Es hora de que prevalezcan los intereses de las mayorías por encima de mezquinos apetitos abocados a enriquecerse a costa de la destrucción de la Nación.

En Caracas, a los doce días del mes de abril, 2019

Humberto García Larralde Sary Levy Carciente

Presidente Secretaria

Sofía Pisani, venezolana de 39 años, reside en Estados Unidos sin un pasaporte vigente. Como muchos de sus compatriotas, intentó renovar el documento de identidad el año pasado, solicitando una cita en el consulado a través de la web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). En noviembre, tras cinco meses de pruebas frustradas, logró enviar el formulario. Solo por hacer la petición tuvo que pegar 200 dólares, un cobro que empezó a implementarse en 2016. El salvoconducto de Pisani ya había caducado para entonces, por lo que solo pudo aspirar a una prórroga por dos años. Le dieron fecha para el 23 de febrero, pero un mes antes Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada de Venezuela en EE UU y todos sus servicios consulares. “No tengo pasaporte y mis 200 dólares cayeron en manos de Maduro”, lamenta la oriunda de Maracay. Ahora es el equipo de Juan Guaidó el que tiene un plan para solucionar el problema en Washington.

La reparación de este embrollo burocrático parece estar en marcha. Gustavo Tarre, el embajador nombrado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una cincuentena de países, explica que están trabajando para proveer a todos los venezolanos que están en EE UU de una identificación consular. “Eso les permitiría a los ciudadanos que tienen el pasaporte vencido poder tramitar una cuenta bancaria, o una licencia de conducir”, sostiene. Los representantes diplomáticos en Washington del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela están limando los detalles de esta medida junto con el Departamento de Estado y el de Seguridad de EE UU. “Después de eso viene reabrir los consulados, luego la admisión del pasaporte… es un trabajo largo, que pasa también por una reorganización del registro civil, que era un desastre”, apunta Tarre, que esta semana fue reconocido por la OEA como representante permanente designado de la Asamblea Nacional.

El lunes, Carlos Vecchio presentó sus credenciales como embajador de Venezuela ante el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Es el representante diplomático reconocido por EE UU, el primer país que reconoció a Guaidó cuando el pasado 23 de enero se proclamó presidente encargado del país, invocando la Constitución, al considerar ilegítima la toma de posesión de Nicolás Maduro. El martes, la OEA reconocía a Tarre. Arranca una nueva fase para la diplomacia de Juan Guaidó.

El trabajo de Vecchio y Tarre es como el de cualquier embajador, con una importante particularidad: el Gobierno al que representan no es el único que reivindica el poder en Venezuela. No existen muchos precedentes de dos cuerpos diplomáticos enfrentados que reclaman la representación un mismo país. La diplomacia rival es un elemento clave en la lucha de poder en Caracas, en la consolidación de los apoyos internacionales. Pero, en medio de esa lucha de poder, hay cerca de 3,4 millones de venezolanos que viven en el extranjero, atrapados entre dos administraciones.

La falta de servicios consulares provoca dificultades prácticas a los venezolanos que viven en EE UU. Pisani, por ejemplo, ha tenido que rechazar ofertas laborales que implicaban viajes fuera del país. María Rodríguez, caraqueña de 40 años, se siente prisionera: “Estamos presos en Estados Unidos, no podemos salir. Si estás en un proceso de residencia, de permiso de trabajo o estudio, y tu documentación no está vigente, no puedes demostrar que eres venezolano”. Rodríguez tiene su pasaporte vencido desde noviembre del año pasado. Debía pagar el coste de solicitar una cita por tres, ya que sus dos hijos también necesitaban renovar el documento. “No lo hice porque había escuchado de gente que pagó, y nunca los llamaron. Además, me pedían mi número de tarjeta, mi dirección, mi teléfono…”, asegura. No solo para ese trámite. Tarre afirma que, para inscribirse en el registro electoral “cuando abrían espacio para hacerlo”, exigían una prueba de residencia legal. "Es decir, lo único que les faltaba era denunciarlos a la policía y eso no está en ninguna ley venezolana”, lamenta.

El problema consular de Venezuela en EE UU “no es reciente”, aclara Francisco Hernández, venezolano radicado en Washington. Hernández asegura que tuvo que pagar por su pasaporte una cifra elavada para un trámite de esta índole: un billete de ida y vuelta a Caracas. “Desde la entrada a la presidencia de Maduro es muy difícil, si no imposible, sacar un pasaporte. Una pesadilla”, explica.

Como parte del plan del equipo de Guaidó para revertir esta situación está el "recuperar" los edificios diplomáticos. En marzo tomaron el control de tres sedes diplomáticas y esperar hacer lo propio con las cuatro restantes. La embajada está ocupada por el que hasta este martes era el equipo diplomático acreditado en la OEA de Maduro. "Ellos tienen que salir. Nosotros no estamos interesados ni en atropellar, ni en buscar a la policía para que se vayan", aclara Tarre.

Obtener un visado en EE UU es cada vez más difícil para los venezolanos. Si en 2015 se emitieron más de 237.000 visados, en 2018 la cifra rondó los 28.600, según el Departamento de Estado. A su vez, las solicitudes de asilo se han disparado hasta colocar a Venezuela como el país que más peticiones de protección realizó el año pasado (más de 2.000 mensuales), casi triplicando a Guatemala, el segundo del listado. El lado bueno -si cabe- para los asilados políticos es que no están atados a los trámites consulares. Mariana Solórzano, de 28 años, es el rostro de la tranquilidad. “Tengo el pasaporte vencido y pedí cita, pero nunca me llegó una respuesta. Mi abogado me dijo que no me preocupara porque tengo asilo político”, explica.

Washington 12 de abril 2019

El País

https://elpais.com/internacional/2019/04/11/actualidad/1555010844_322968...

La agenda abierta es que Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Que Donald Trump está enfocado en ello y, junto a él, Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton y Elliott Abrams. Trump ubicó esta semana desde Washington a Venezuela como una de sus tres prioridades en política exterior. El vicepresidente Pence intervino en la ONU, y fue directo en el Consejo de Seguridad solicitando que las Naciones Unidas deben reconocer a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. Pompeo viajará a Cúcuta, frontera de Colombia con Venezuela, como parte de una gira por Suramérica. Abrams aterrizó esta semana en España y Portugal. En Madrid, celebró reuniones con funcionarios del Ministerio de Exteriores y de la Presidencia. El mensaje directo de valorar la posición de España en Europa y en América Latina. De España, por boca del ministro Josep Borrell, salió la línea para Europa de que el mandato de Maduro expiraba el 10 de enero de 2019. Y Europa siguió la pauta. Abrams estima que España y Europa deben sumarse al incremento de presiones contra Maduro. Esto por un lado.

Por el otro es que Estados Unidos sigue considerando que España puede ser un buen lugar donde se refugien jerarcas del régimen de Maduro. Antes y después de la caída. Ya Estados Unidos lo ha hablado con España. Y se supone, y es lo que se afirma en círculos diplomáticos de Madrid, que Abrams aterrizó con ese punto en Madrid. Punto principal. Lo cual indica que hay negociaciones secretas entre Estados Unidos y jerarcas del régimen de Maduro. De manera prioritaria, militares. De varios componentes de la Fuerza Armada. Para seguir el patrón que se aplicó con el general del Ejército y expresidente del Instituto de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, quien apareció en Bogotá denunciando la crueldad del régimen de Maduro.

Hoy hace un mes que Borrell respondió a la Cadena Ser el planteamiento de los Estados Unidos en estos términos: “El secretario de Estado, el señor Pompeo [Mike Pompeo], tenía la preocupación de saber si, en el caso de que algunas personas y sus familiares quisieran abandonar Venezuela, podrían ser acogidos en algunos de los países que han reconocido al presidente Guaidó. Lo estudiaremos”. Esto es oficial. Y de manera oficial, Borrell acaba de visitar Washington. ¿Se habló otra vez del tema? No hay confirmación. Pero se han incrementado las versiones sobre España como país refugio. El punto fue abordado en la rueda de prensa que ofreció Abrams este jueves en la embajada de los Estados Unidos en Madrid: “Creemos que cuando Maduro caiga y vuelva la democracia, algunos miembros del régimen, algunos militares, probablemente quieran irse al exilio”. Aquí es donde resalta España en calidad de destino. “Esa es una decisión que el gobierno de España tiene que tomar”. A los jerarcas hay que “ofrecerles un lugar para ir”, dijo. Siempre en estos casos, hay que ofrecer salidas.

Un diplomático dijo al diario ALnavío que si Abrams insiste con España, es porque los potenciales jerarcas que negocian en estos momentos, han exigido España, o en todo caso Portugal. Es donde se sentirían más cómodos. Por el idioma y el clima, entre otros factores. No se ven viviendo en Alemania. Tampoco se ven viviendo en Rusia o Turquía.

El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió esta semana en una entrevista en el diario ABC, que la oferta sobre España como destino y refugio “está sobre la mesa”. Pero aclaró no disponer de información precisa sobre altos cargos del chavismo que estén buscando refugio. Guaidó no puede decir otra cosa. La discreción priva en estos casos. Y los diplomáticos conjeturan que estas son diligencias que se adelantan directamente con los Estados Unidos.

Aparte de Rotondaro, ningún jerarca militar se ha hecho eco de la oferta de amnistía en caso de que abandonen a Maduro. Todo parece indicar que se está a punto de ello. Y de allí que Abrams acelere las diligencias. El objetivo son jerarcas militares con mando y poder dentro de la Fuerza Armada. De concretarse tal operación, se le asestaría un golpe medular al régimen de Maduro.

Viernes 12 de abril de 2019

Al Navio

https://alnavio.com/noticia/18264/actualidad/eeuu-apura-contactos-para-q...

Venezuela es víctima de una tragedia económica como la que escasos países han vivido en el mundo entero, pero dentro de poco, va a experimentar un completo deslave humanitario. Una cosa es habitar en un país que padece la peor hiperinflación en la historia latinoamericana contemporánea, pero otra muy diferente es que esa misma población ahora tenga que sufrir simultáneamente el descalabro de servicios públicos básicos como electricidad, agua y transporte.

Durante los últimos cinco años, Venezuela ha vivido la destrucción de la mitad de su economía. En lo que queda de este año, como resultado de un terco esfuerzo antidemocrático por parte de un régimen que busca aferrarse al poder a cualquier costo social —y bloquear así el cambio político que demanda pacíficamente más del 82% de la nación—, la economía puede perder casi una tercera parte adicional de su ya débil actividad restante.

El declive de la otrora orgullosa industria petrolera es pasmoso. Como resultado de la incompetencia gerencial, la corrupción, la falta de inversión, unas duras sanciones impuestas por Estados Unidos y el deterioro de la infraestructura eléctrica, una mermada producción de crudo que apenas rasguñaba más de 1,2 millones de barriles diarios para finales del 2018, se encuentra en estos momentos por debajo de los 800.000 barriles diarios. Hoy México y Colombia producen más petróleo que Venezuela, que hace dos décadas atrás, era uno de los principales competidores de Arabia Saudí. En diciembre pasado, según estudios de varias universidades nacionales, más del 60% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema; pero en el próximo semestre estas mismas cifras pueden sobrepasar fácilmente el 75% de la población. Este colapso ha convertido a Venezuela en una nación en fuga, en el que se han marchado más de 3,5 millones de personas; pero en cuestión de semanas la presión migratoria sobre Colombia, Brasil y el Caribe entrará inevitablemente en una espiral aún más dolorosa.

Cualquier sistema político, indistintamente de su naturaleza, crujiría frente a un desastre socioeconómico de esta magnitud.

El régimen de Maduro ha logrado plantarse reprimiendo, bloqueando la realización de un referéndum revocatorio, declarando en desacato al poder legislativo, extendiendo falsas negociaciones, ilegalizando partidos políticos, violando la Constitución para convocar írritamente una Constituyente y también manipulando las instituciones para inhabilitar candidatos y simular eventos electorales, entre ellas, los comicios presidenciales. La última ola de protestas que se inició el 10 de enero de 2019, liderada por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, fecha en la que Maduro pretendía dar inicio a un segundo periodo constitucional sin contar con la necesaria legitimidad de origen, es sin duda el esfuerzo de mayor escala por precipitar una transición política en el país.

Tres meses más tarde —a pesar que a Juan Guaidó lo han llegado a reconocer como presidente encargado más de 60 países del planeta y cuenta con niveles de popularidad de más del 61%—, Maduro continúa en el palacio presidencial de Miraflores con apenas 14 puntos de aprobación. De modo que la única pregunta relevante para el caso venezolano es: ¿por qué no se termina de iniciar un proceso de transición democrática para restaurar la Constitución?

Venezuela en muchos sentidos apunta a la vanguardia de los nuevos tipos de autoritarismo globales que han probado ser extremadamente resistentes. Estos regímenes de nuevo cuño están construidos sobre dos pilares fundamentales: partido hegemónico y control militar. Esta combinación hace que estos sistemas sean mucho más inmunes a las crisis económicas y sociales. Son mucho más complejos de desmontar. El tema electoral es manipulado desde el plano partidista a través de un diseño hegemónico apoyado sobre el control institucional del Estado; y también del condicionamiento social del voto por medio del uso a gran escala del clientelismo político y la corrupción. No obstante, cuando la manipulación institucional de ese rostro electoral falla, estos sistemas también tienen una alta capacidad de represión tanto formal como para-estatal. En función de estas diferencias, las transiciones se vuelven más complejas que aquellas en sistemas estrictamente dictatoriales como las que vivieron los chilenos, argentinos o brasileños en el siglo pasado. Es mejor mirar a Egipto, Zimbabue, Argelia, Nicaragua, Rusia y Turquía, países con algunos de los cuales Caracas ha establecido potentes alianzas, entre las que también destacan sistemas totalitarios más antiguos como China, Irán y Cuba. Los críticos que le exigen rapidez a la oposición venezolana en el desmantelamiento de este entramado no pueden obviar esta realidad. Es un gran error caer en la trampa de la exigencia del tiempo (si no es rápido no funciona) y aceptar más bien que las rutas para lograr la transición pueden ser muy variadas; pero que dadas esas restricciones el proceso tiene ineludiblemente que incorporar a los principales factores internos de un sistema que es inherentemente inercial y resistente.

Aun así, ¿por qué no se ha iniciado la transición democrática? Las razones no tienen que ver con la falta de condiciones objetivas económicas ni sociales y mucho menos por la ausencia de suficientes presiones internacionales ni populares: la causa quizá estribe en que todavía no hay una alternativa transicional que sea lo suficientemente apetecible para aquellos factores internos que la puedan precipitar. Aún no existe en el caso venezolano una oferta pública que sea altamente atractiva para todos los actores relevantes que sostienen a la coalición dominante en el poder, incluyendo a los militares, que los induzca a aceptar los beneficios de un cambio político. Esa oferta pública, que debe ser el principal trabajo político de la Asamblea Nacional, tiene que cubrir una oferta institucional en lo militar (la amnistía es insuficiente), en lo transicional (no solo jurídico sino sobre todo en lo político para que sea lo suficientemente inclusivo y que impida que haya una cacería de brujas) y también electoral (que blinde la ruta comicial y le garantice espacios a los chavistas para que no sean barridos). Es indudable que su implementación no depende de la Asamblea Nacional, y mucho menos de Guaidó, pero para hacerla creíble —y para hacerla menos incierta—, es necesario dibujarla.

En esa implementación, los militares van a actuar corporativamente pues controlan el sector petrolero, minero y alimentario además de todo el comercio ilegal. Sus rentas pueden fácilmente representar más del 10% del PIB. Es ilusorio pensar que los militares simplemente se van a quebrar internamente a través de un golpe de estado para favorecer a la oposición o inmolarse por la revolución sin proteger primero colegiadamente sus intereses. También es ilusorio que los militares vayan a apoyar incondicionalmente a Maduro pues su supervivencia corporativa también podría estar en juego ante la magnitud del colapso económico y social. Hasta ahora los militares no han actuado como a la oposición le hubiese gustado pero tampoco han hecho todo lo que a Maduro le hubiese servido. Si actúan muy rápido le podrían dar demasiado poder a unos grupos en los que desconfían y, si actúan muy tarde, la anarquía que supone el creciente poder de grupos irregulares sobre el territorio así como el deterioro de la infraestructura, podría terminar de arroparlos.

La estrategia de Maduro es resistir en el poder. Hasta ahora ha mostrado disposición y capacidad para hacerlo. Actúa como un típico revolucionario latinoamericano. Sin embargo, en este momento Maduro aún si sobrevive no garantiza gobernabilidad, ni acceso a financiamiento para estabilizar la economía, ni capacidad para atender la crisis de servicios básicos y mucho menos la posibilidad de convencer a los Estados Unidos que remuevan las sanciones internacionales. Estas limitaciones son un problema muy serio tanto para los militares, que se mantienen leales pero muy inquietos ante un futuro que promete un desmembramiento del orden estatal y una disminución exponencial de sus rentas, como para los mismos chavistas, que aun siendo la principal minoría política del país, ven la transformación de su proyecto en una simple apuesta a ciegas por el poder. Es por ello que el proceso de cambio político, aún si se retrasa, es irreversible. El régimen difícilmente pueda volver a donde estaba hace meses atrás, mucho menos ahora con la profundización de la crisis eléctrica y los problemas de suministro de agua en todo el territorio nacional.

Por otro lado, Guaidó es un fenómeno político de masas, lo cual es sorprendente tanto por lo vertiginoso como por los pocos medios independientes existentes; la Asamblea Nacional está fortalecida y reconocida internacionalmente como la única institución legítima por lo que cualquier salida pasa por ella; y a pesar de la migración y de las penurias económicas, la gente se mantiene movilizada ante una demanda de cambio que es prácticamente infinita. Estas fortalezas no las tiene la oposición democrática ni en Egipto ni en Turquía ni en Rusia. Tampoco en Nicaragua.

Transcurridos tres meses desde los eventos posteriores al 10 de enero de 2019, cada vez resulta más claro que lo único que puede estabilizar y relanzar a Venezuela son unas elecciones justas y libres. No hay otra salida. Pero es prácticamente imposible llegar a ese objetivo sin una negociación que genere una transición política con plenas garantías democráticas para todos, incluyendo incluso a aquellos que controlan el poder. En Venezuela, ya no hay rutas exprés para producir esa transición porque no hay imposiciones unilaterales. De modo que la transición no es posible decretarla, sino que es necesario acordarla políticamente a través de mecanismos de negociación que muy probablemente sean secretos. Cualquier otra opción, que no sea concertar políticamente un cambio radical del modelo existente, es condenar al país a la profundización de un mayor caos económico y social, lo cual va a conllevar a repercusiones migratorias aún más grandes en el resto de América Latina. Las distintas fuerzas del país, por más que desconfíen el uno del otro, no tienen ninguna otra posibilidad sino comenzar a cooperar para producir un escenario de este tipo. Tan solo de esta manera, Venezuela puede llegar a superar la miseria y la oscuridad en la que se encuentra tristemente sumergida. La transición está cerca pero requiere de mucha astucia y olfato político para ser construida.

11 de abril 2019

El Pais

https://elpais.com/internacional/2019/04/10/america/1554907887_034522.html