Los ciudadanos que suscribimos este comunicado expresamos nuestro más profundo pesar y absoluta solidaridad con las familias de las víctimas y desaparecidos, los heridos y los miles de personas que hoy enfrentan la pérdida de sus hogares y medios de vida tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Compartimos ese dolor.

Sin embargo, el dolor no puede ocultar la realidad. Lo ocurrido no es solo el resultado de un fenómeno natural; su impacto es consecuencia directa de un Estado que abandonó su obligación de proteger a los ciudadanos.

Las primeras horas posteriores a un desastre son decisivas para salvar vidas. En esta emergencia, la respuesta oficial no solo fue tardía, sino ineficiente y desarticulada: el país careció de la logística, el equipamiento y la coordinación técnica necesaria para actuar con la rapidez que la tragedia exigía. Esta incapacidad operativa cuesta vidas y no puede ser matizada.

Ante el vacío y la parálisis estatal, destacamos la heroica y extraordinaria respuesta de la sociedad venezolana, así como la inmediata solidaridad de los rescatistas de diferentes países que se aprestaron a llegar para ofrecer su auxilio. Vecinos, voluntarios, cuerpos de rescate nacionales e internacionales, profesionales de la salud y organizaciones sociales asumieron el control de la emergencia con valentía.

Por su parte, el aparato oficial obstaculizó activamente los esfuerzos ciudadanos. Mientras los voluntarios arriesgaban la vida entre los escombros, las autoridades se dedicaron a ralentizar los procesos, desplegando a su personal únicamente para labores de oficina, censos y control burocrático, en lugar de sumarse activamente al rescate de vidas humanas. El control político y el papeleo importaron más que la supervivencia de los afectados.

Este colapso no es un hecho aislado. Durante décadas, Venezuela contó con instituciones, personal entrenado y protocolos de vanguardia para enfrentar desastres naturales. Hoy, la realidad es devastadora: esas capacidades fueron sistemáticamente desmanteladas. El debilitamiento de los organismos de rescate y la falta de inversión en prevención han dejado a la población en un estado de absoluta vulnerabilidad.

Esta desidia institucional ha sido posible por la complicidad de los poderes públicos -la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo (Poder Ciudadano)- que, obviando su mandato constitucional, no han ejercido el control correspondiente ni han investigado o declarado la responsabilidad política, administrativa o penal de los funcionarios públicos implicados en este desmantelamiento. Las deficiencias son una realidad palpable que exige la inmediata rendición de cuentas.

Esta tragedia ha dejado una verdad más que evidente: Venezuela no podrá salir adelante sin un cambio político. Este cambio debe materializarse a través de la restitución del orden democrático, la reinstitucionalización del país y el retorno de la soberanía a los ciudadanos mediante procesos transparentes. Es inviable superar una crisis de esta magnitud bajo el control de estructuras colapsadas y cooptadas. El país necesita, con urgencia, un gobierno legítimo cuyas prioridades sean el diseño de políticas públicas eficientes, la inversión en prevención y el rescate del bienestar y la seguridad de la gente, rompiendo con la lógica de la autopreservación en el poder. Es urgente atender la emergencia humanitaria actual, pero es imperioso afrontar la realidad política que nos trajo hasta aquí.

En este esfuerzo de reconstrucción institucional y respeto a los derechos ciudadanos y la necesidad de quebrar la inercia y la desilusión, el regreso de María Corina Machado al país y la plena vigencia de su liderazgo resultan piezas clave y legítimas para cohesionar las fuerzas democráticas y conducir el reencuentro de la nación. Su conducción en el terreno es una garantía para canalizar la soberanía popular, sumar las voluntades dispersas y asegurar que un nuevo gobierno responda con transparencia y eficiencia a las urgencias de la gente.

Por respeto a las víctimas y al sufrimiento de los sobrevivientes, esta calamidad no puede ser una excusa para postergar las transformaciones estructurales. No basta con reconstruir infraestructura; es imperativo reconstruir el Estado venezolano.

Hoy acompañamos el duelo nacional. Mañana asumiremos, con la mayor determinación, la tarea de rescatar a Venezuela y edificar un Estado que nunca más vuelva a abandonar a sus ciudadanos en su hora más oscura.

Alberto Ray

Aquiles Martini Pietri

Arnoldo Gabaldón

Benjamín Scharifker

Carmen Teresa Albanes

Claudio Bifano

Juan Pablo Olalquiaga

Milos Alcalay

Santiago Clavijo

Sary Levy C.