Editorial
El país de hoy no es el mismo de finales del año pasado. Han ocurrido hechos relevantes y movimientos que, hace meses, parecían improbables.
Se aprobó una nueva ley petrolera —aún insuficiente para atraer grandes inversiones— pero que ha despertado interés en el sector. Se anunció una llamada ley de amnistía que se asemeja más a un indulto para delitos inexistentes; sin embargo, centenares de presos políticos han sido excarcelados. Ha “renunciado” el principal inquisidor del régimen, aunque todavía no conocemos el alcance real de esa decisión.
La urgencia de resolver la crisis venezolana es ineludible. No estamos ante un proceso de ajuste gradual ni frente a simples reformas administrativas, sino ante la necesidad de una transformación democrática profunda, consciente y estructural. Un cambio que no puede limitarse a lo económico, lo social o a la reconstrucción de infraestructuras, por necesarias que estas sean.
Las autocracias se sostienen sobre un equilibrio tan frágil como implacable: el poder no es solo un instrumento de mando, sino un escudo de impunidad y la llave de una red de intereses que se desmorona en cuanto el líder se aparta. Por eso no entregan el mando sin presión: temen las consecuencias políticas, judiciales y personales que aguardan fuera del palacio.