El Proyecto de Ley de Hacienda Pública Estadal ha estado en la agenda legislativa desde hace muchos años, de hecho hubo un proyecto sancionado en el año 2004, que no logró ser promulgado porque el entonces Presidente Hugo Chávez lo devolvió a la Asamblea Nacional con observaciones que no fueron procesadas, quedando el proyecto de ley en el olvido.

Aquella ley sancionada fusionó ideas de la oposición y del oficialismo, recogió propuestas de la Universidad del Zulia y de la Gobernación de ese mismo Estado[1] e intentó en el año 2011 ser retomada por los gobernadores de Lara, Carabobo, Zulia, Táchira, Amazonas, Miranda, Nueva Esparta y Alcaldía Metropolitana, quienes pretendieron reimpulsar el proyecto de ley a través de la iniciativa ciudadana y no se concretó.

Ese mismo año 2011 los Presidentes de los Consejos Legislativos de los Estados Zulia y Miranda introdujeron un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando la declaración de omisión legislativa de la Asamblea Nacional en dictar la Ley de Hacienda Pública Estadal; pasaron los años y no hubo respuesta a ese recurso, por lo tanto el proyecto de ley sancionado quedó guardado en los archivos de la Asamblea Nacional.

Desde el 6 de diciembre 2015, por primera vez desde que se aprobó la Constitución vigente, la Asamblea Nacional se convierte en un verdadero foro político nacional, en donde los problemas más urgentes y prioritarios del país encuentran espacio en la Agenda Legislativa, además de contar con voces legítimas que recuperan la función parlamentaria y el valor de la representación política.

Con el voto del pueblo y la con la voluntad política de los diputados, la Asamblea Nacional ha sido recuperada como institución política al servicio del Pueblo; el mismo Pueblo a quien años atrás le dieron la espalda y lo ignoraron al desconocer aquél mandato popular que dijo NO al modelo de Estado comunal.

La Asamblea Nacional se coloca al servicio del pueblo y también de la descentralización a través de diversos proyectos de leyes que incorporan, entres sus normas, los principios sobre los cuales descansa el modelo de Estado Federal y Descentralizado que exige la Constitución.

Uno de esos proyectos es precisamente la Ley de Hacienda Pública Estadal, que con un nuevo proyecto, vuelve a tener espacio en el debate legislativo, pero que ahora cuenta con una Asamblea Nacional que está comprometida con impulsar los cambios políticos e institucionales necesarios para solventar las deficiencias de un modelo que por todos lados expone su fracaso.

Frente al modelo centralizado y de control político que representa el Estado Comunal, la Descentralización y el Federalismo se levantan como alternativas viables, constitucionales, que con mayor efectividad pueden enfrentar los desafíos que hoy tenemos como sociedad.

Las muy olvidadas Constituciones estadales encuentran, en el debate sobre la hacienda pública estadal, una oportunidad para recuperar su valor jurídico, pues la Ley que se promulgue en esta materia, claramente obliga a revisar esas Constituciones, pues en ellas esta materia se ve regulada bajo un título particular.

Precisamente en esas Constituciones estadales, los gobernadores y los legisladores son expresamente reconocidos como las autoridades responsables de la administración y de la regulación de la hacienda pública estadal, atendiendo por supuesto a las demás normas previstas en esta materia tanto en la Constitución como en las Leyes Nacionales.

La promulgación de este proyecto de Ley facilitará el camino para que los gobernadores y legisladores estadales recuperen su valor de actores estratégicos en el desarrollo estadal y colaboradores esenciales en la tarea de reconstruir el país.

En el marco de este debate legislativo, resulta importante valorar y replantear el rol de otro actor estadal -que hoy es poco reconocido- llamado Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP), instancia creada en la Constitución, orientada hacia el desarrollo estadal y que se destaca porque en su espacio, la gobernanza podría encontrar un lugar idóneo para el debate, la inclusión y los consensos.

Tanto el CEPLACOP, como los Consejo Locales de Planificación Pública (CLPP), en el ámbito municipal, son instancias de planificación y desarrollo que urgentemente requieren ser reformadas, a tal fin, no necesitan una reforma constitucional, basta con una reforma legislativa para que ellas se pongan al servicio de los ciudadanos y de la descentralización. Con la conformación política de la Asamblea Nacional, esa labor es perfectamente viable y oportuna.

No puede olvidarse en este comentario, al Consejo Federal de Gobierno, también creado constitucionalmente y que con una simple reforma legislativa, puede ser rescatado como espacio para el diseño de la descentralización.

Estas tres instancias mencionadas de planificación y desarrollo, diseñan un sistema en el que la coordinación, cooperación y colaboración entre los distintos niveles políticos territoriales, permiten construir los consensos necesarios para lograr un debate político e incluyente sobre las líneas estratégicas que debería contener todo acuerdo político para construir algún producto que podría llamarse Plan de Descentralización y Desarrollo, que como proyecto político permita sustituir al Plan de la Patria 2013-2019.

Fortalecer la hacienda pública estadal abre el debate sobre la hacienda pública municipal, y ello supone un gran debate político, que no puede limitarse a transformaciones legales y mucho menos, en estos momentos críticos del país, puede limitarse a un conjunto de propuestas normativas que reposan en la web de la Asamblea Nacional.

Es urgente que el ciudadano sea incluido en ese debate, y es necesario que sea acercado a esas propuestas legislativas, para que comprenda el alcance de las mismas y se empodere en su defensa. He allí la importancia de una reforma parcial del CEPLACOP y del CLPP.

Hoy la Asamblea Nacional está amenazada por el Ejecutivo y el Judicial. El ciudadano no debe perder de vista que la principal razón de esa amenaza es que tenemos como sociedad una Asamblea que logra cumplir su misión constitucional. Acompañarla y defenderla pasa por comprender su trabajo y entender el alcance que sus propuestas legislativas traen consigo en la tarea que nos impone la historia de rescatar el país, reencontrarnos con la democracia y rescatar nuestra condición de ciudadanos.

[1]FREITEZ, Jesenia. Culpa de Chávez. En: Tal Cual Digital. 01-11-2011. Online en: http://www.talcualdigital.com/Nota/62688/Culpa-De-Chavez

Politika UCAB

La nota de prensa semanal

El economista Aníbal Araque, integrante de Aragua en Red, valoró como positiva la posibilidad de liberación del dólar recientemente asomada por el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad.

“El control cambiario es como un torniquete. Un torniquete es una medida de emergencia para frenar un flujo de sangre. Usted no puede permanecer con eso 5 ó 6 días, porque obviamente ese miembro se necrosa y se pudre, hay que cortarlo. Eso pasa con el tipo de cambio controlado, no puede permanecer en el tiempo”, explicó el especialista.

Agregó que sería igual de perjudicial hacer una inmediata apertura económica total, por lo que saludó que comiencen a darse pasos para una unificación cambiaria paulatina, en la que el mercado dicte las pautas. Acotó, sin embargo, que actualmente el Estado venezolano no está en condiciones para garantizar la disponibilidad de divisas necesarias para este proceso.

Agregó que la centralización de las ventas de alimentos atenta contra el principio primordial de libertad y genera graves distorsiones en el curso económico del país, pues se impone un patrón de consumo universal sin miramientos a las particularidades.

KM
Foto JA

Al momento de escribir estas líneas, no tengo idea alguna sobre el resultado concreto que obtendrá la comunicación del secretario general de la OEA sobre la situación de Venezuela en el concierto interamericano de las naciones y el acatamiento de las normas que rigen la convivencia democrática. Creo que tampoco a él le importa, ya que lo que interesa es dejar constancia del deber cumplido.

El documento de Luis Almagro puede ser suscrito por el Bloque Constitucional de Venezuela, por las facultades de derecho del país, por los colegios de abogados, por los activistas de derechos humanos y por todo ciudadano que profese la democracia.

Se trata de un diagnóstico crudo y objetivo de la realidad venezolana que pone el dedo en la llaga de la tragedia que estamos viviendo y que se encarna en el dolor y en las carencias de los más desposeídos, que hoy apenas reciben mendrugos que caen de la mesa del gobierno.

Sencillamente, todas las reglas que simbólica o realmente se aplicaban entre nosotros han cesado en su vigencia efectiva.

Las naciones tienen su declaración de principios y su marco normativo que las rige en su carta fundamental, carta magna o Constitución.

En un Estado social y democrático de Derecho son dos los principios básicos: el respeto absoluto a los derechos humanos y la separación de los poderes.

El documento de Almagro, sencillamente, deja al descubierto nuestra realidad: no tenemos Constitución, a pesar de tener un texto escrito de 1999 con grandilocuentes declaraciones y disposiciones, cuya letra y espíritu, aunque sea evidente y no deje, por ello, lugar a dudas, queda al arbitrio de una Sala Constitucional que acomoda el articulado a las exigencias y necesidades del gobierno.

Las carencias de alimentos, de medicinas y de seguridad agobian al ciudadano. Los enfermos mueren de mengua; los niños pasan hambre y extrema necesidad; la violencia nos acogota; y solo hay sanción efectiva y enérgica para quien se atreve a disentir del régimen, amenaza, por ello, para el estatus y pretendido factor de desestabilización.

Nos hemos convertido en un país de salida; las familias se encuentran dispersas por el mundo; el crimen organizado a modo de “pranato” ha extendido su radio de influencia a todos los ámbitos de la vida societaria; y, en definitiva, nos movemos en un territorio sin ley y sin justicia, en franca regresión a las etapas más primitivas de la venganza privada y del imperio del terror.

Almagro, en su comunicación, retrata el drama de Venezuela y, en lugar de ver hacia otro lado y regodearse en fórmulas vacías de la diplomacia o negociar con oscuros o abiertos intereses que terminan diciendo algo que no dice nada, asume su responsabilidad como secretario de una organización que tiene como encomienda velar por la democracia en América.

En mi opinión, ha sido acertado en sus apreciaciones y va a la esencia del problema.

Nuestro país, nuestro pobre país, rico “en reservas petroleras”, privilegiado y dotado abundantemente por Dios y la naturaleza, padece lo que la propia Sala Constitucional ha calificado de “anomia” para atribuirlo a la propuesta legislativa de renuncia del Estado al castigo injusto de quienes han cometido el delito de opinar y expresar sus ideas.

Sin poderes contralores, el Ejecutivo, aferrado al mando de una nave que marcha hacia el abismo, sin ánimo alguno de rectificar, pretendiendo engañar a propios y extraños, ha conducido al pueblo hacia los vericuetos de la desesperanza, del miedo y de la impotencia.

Por lo expresado, por las consideraciones principistas que atañen a la democracia, por el estado de desamparo y sufrimiento del pueblo, ante las evidencias de violaciones flagrantes de los derechos humanos y la ausencia de árbitros imparciales o de jueces que resuelvan los conflictos sociales, se impone un llamado inequívoco a restablecer el orden constitucional, a respetar al Poder Legislativo, representación legítima y plural del pueblo, a garantizar el respeto a los derechos humanos, a dejar sin efecto la persecución a los adversarios políticos y –algo que responde a la esencia de un sistema que se dice participativo y de protagonismo popular– a consultar a todos sobre la revocación del mandato presidencial.

Lo que dice Almagro no puede dejar de ser suscrito por quien comparta las reglas mínimas de la democracia. Sin duda, nos ha impartido una lección de civismo y nos ha dado una clase práctica de derecho.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional. 7 de junio 2016

Apreciación de la situación nacional # 64

El 11 de septiembre de 1973, desde tempranas horas de la mañana, se desarrollaba en Chile el golpe de estado que derrocaría al presidente constitucional electo en 1970, Salvador Allende, quien se suicidaría en el mismo palacio de gobierno para no rendirse ante los militares golpistas. Las causas que condujeron a la ruptura constitucional fueron múltiples y de diferentes intensidades, incluyendo la participación del gobierno norteamericano presidido por Richard Nixon.

El presidente Allende, por la vía democrática y dentro del marco de la constitución chilena, desde el principio, intentó imponer un modelo socialista marxista que fue rechazado, también desde el principio, tanto por la oposición política como por la mayoría de la población, que prontamente comenzó a sufrir las consecuencias del modelo económico socialista que se intentaba imponer. Luego de tres años de conflictos políticos y deterioro económico y social, la situación del país, en general, era caótica. Grupos armados de la extrema izquierda y de la derecha atentaban contra altos funcionarios incluyendo militares que ocupaban cargos dentro de la administración pública.

La proclama leída por el teniente coronel Roberto Guillard, a media mañana, con el golpe en marcha, describía los causales del pronunciamiento militar y de la situación del país que justificaba la decisión tomada por los militares:

A partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las fuerzas armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena.

Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente:

1. La gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país;

2. La incapacidad del Gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos;

3. El constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran…

Muy de lejos, y con situaciones y actores completamente diferentes, después de 17 años de revolución bolivariana en su intento de imponer el socialismo del Siglo XXI, que no es otra cosa que el modelo socialista marxista leninista que intentó imponer el presidente Allende, nuestro país reúne todas las causales que describía el teniente coronel Roberto Guillard en la proclama.

No esperamos que la historia se repita, pero tanta similitud angustia.

05 de junio 2016

Venezuela atraviesa una situación caótica. La escasez de alimentos y de medicamentos y la abundancia de delitos nos han escamoteado el derecho a vivir y nos recuerdan - cada momento - la ineluctable proximidad de la muerte.

El tornillo del garrote vil que un régimen político perverso puso en el cuello de la República, ha sido apretado lenta pero constantemente; los demenciales métodos aplicados en otras latitudes con resultados humanos y económicos desastrosos, están siendo impuestos en la patria de Bolívar y Miranda con inaudita vesania, provocando miseria y desesperanza; pero la hora del «sálvese quien pueda» parece haber llegado, no para huir despavoridos ante el inminente hundimiento de la nave, sino para ponernos de pie, enarbolar banderas y luchar por la vida.

La situación venezolana no es inédita: Armenia (1915 – 1923), Ruanda (1994), Ucrania (1932 – 1933) y Europa (1939 – 1945) presenciaron la desaparición de millones de personas por motivos de raza, religión o política y que el jurista judío Raphael Lemkin (1900 – 1959), llamara genocidio, provocando que en diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención de la cual Venezuela es signataria.

Dicho instrumento comienza señalando que el delito puede cometerse tanto en tiempo de guerra como de paz; muy importante precisión, pues indica que se puede cometer por medios «pacíficos», (no militares) tales como la destrucción de medios de producción de bienes de primera necesidad, la creación de una situación de inestabilidad jurídica que inhiba la inversión o destruya la existente, la persecución de expertos necesarios para la producción de bienes y servicios; la promoción del éxodo de profesionales calificados necesarios para la satisfacción de las necesidades sociales; el rechazo de ayuda internacional requerida por enfermos graves; … y pare de contar.

En la tipificación del genocidio, se lee: «Artículo II (omissis) c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;». Surge de inmediato una pregunta: ¿Se pueden considerar intencionales y de resultados previsibles las acciones del Poder Ejecutivo que han causado hambruna y mortandad en los últimos años? Creemos que sí, pues no solamente causaron hechos antijurídicos, sino que las acciones mismas fueron antijurídicas, directamente violatorias de la Constitución y la ley. Citemos, a título ejemplo, las múltiples expropiaciones que hicieron famoso el término ¡Exprópiese! en boca de Chávez; esa orden constituye un hecho antijurídico por contrariar abiertamente el artículo 115 constitucional que reserva al poder judicial («sentencia firme») la expropiación de cualquier clase de bienes «con pago oportuno de justa indemnización».

Estas acciones confiscatorias no solamente fueron voluntarias, reiteradas y publicitadas, sino que se realizaron en franca desobediencia a la prohibición que encierra el término «Solo» del citado artículo 115; las consecuencias de tal violación eran previsibles: la estampida de capitales nacionales y foráneos por la pérdida de confianza en el sistema económico nacional. Igualmente voluntaria y de resultados previsibles fue la paralización de los planes de electrificación cuyas consecuencias fueron advertidas por expertos en la materia: producción insuficiente ante el crecimiento esperable de la demanda por razones poblacionales. Pero donde la intencionalidad mostró fulgor solar fue en el rechazo a la ayuda internacional para socorrer a los enfermos mediante la donación de medicinas, a pesar de que el Poder Ejecutivo, a través de su servicio aduanero, está habilitado para «Exonerar total o parcialmente de impuestos, y dispensar de restricciones, registros u otros requisitos, el ingreso o la salida temporal o definitiva de mercancías destinadas a socorro con ocasión de catástrofes, o cualquier otra situación de emergencia nacional, que sea declarada como tal por el Ejecutivo Nacional;» (Ley Orgánica de Aduanas, artículo 5°, numeral 12).

Como consecuencia de políticas públicas propias de orates, centenares de niños pequeños y neonatos mueren en nuestros hospitales y a muchísimos otros se le obscurece el futuro a la sombra del cretinismo por mala alimentación, ante la mirada impasible de un régimen capaz de gastar más de 25 millones de dólares en bufas maniobras militares para enfrentar enemigos ficticios, en vez de auxiliarlos y escuchar el ruego de los médicos que se ven impedidos de ejercer con éxito su profesión. Nuestros centros de salud públicos y privados, en vez de ser promesas de vida y salud, son ductos hacia la muerte, suerte de puertas infernales con horrendos letreros: «Perded toda esperanza».

En nuestro criterio, los venezolanos estamos sometidos a genocidio, ideado en el extranjero y ejecutado por fanáticos y delincuentes que se escudan tras tesis políticas rotunda y universalmente fracasadas. Toca a los juristas amantes de esta tierra preparar la denuncia correspondiente ante la Corte Penal Internacional y ante un mundo que mira con incredulidad la tragedia venezolana.

Miles de nuestros compatriotas mueren como moscas en calles y hospitales; como diría Cantinflas: Si esto no es un genocidio, se le parece.

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

Con voz propia

La crisis humanitaria mantiene la atención del mundo en Venezuela, país petrolero clasificado entre los más ricos, con la pobreza y el hambre que ubican en 76%. Según Centro de Estudios del Desarrollo de UCV en 2015, el 12% hacía sólo 1 o 2 comidas al día. Para colmo, la canasta básica subió a Bs 256.146,79 b en abril.

El caos se agudiza con escasez de medicinas. La paciencia se agota y surgen los saqueos, con muertes y heridos El chavismo invoca al difunto Comandante, quien cuando asumió el Poder arengó que era legítimo matar o robar para poder comprar alimentos.

Siguiendo la desfasada política castrista Nicolás Maduro creó las Bases de las misiones, copia de las libretas de racionamiento de Cuba, pero otorgadas sólo a quienes se identifiquen con la robolución. En su lanzamiento el cínico gobernador de Aragua, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, proclamó: "Mientras uno más consigue pobreza hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez, mientras el pueblo es más pobre es más leal al proyecto revolucionario".

Engañosa es la “campaña para erradicar la pobreza”. Recuérdese lo declarado el 25/02/ 2014, por el jefe parlamentario del régimen, Héctor Rodríguez:

"No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a clase media y que pretendan ser escuálidos… Hay lugares de pobreza donde hay altos niveles de violencia, como hay lugares de pobreza extrema donde se vive completamente en paz”.

Memoricemos lo expresado por el entonces ministro estrella Jorge Giordani al General Guaicaipuro Lameda, quien ejercía la Presidencia de PDVSA ( 2000 — 2002). Cuando le refirió la política de pobreza, trazada por Fidel Castro con quien, por instrucciones del idolatrado Comandante se reunió en la Isla, afirmó.

“El piso político nos lo da la gente pobre: ellos son los que votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que, los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanza… se trata de un cambio cultural y eso toma al menos 3 generaciones.

El mismo Castro le dijo a Lameda, “de manera clara y sin rodeos”: “Para mantenernos, necesitamos unos 4 mil millones de dólares al año. Más de eso 'estorba', la gente empieza a vivir bien y se acaba el discurso de la pobreza".

La dignidad siempre caracterizó a quienes carecen de los recursos económicos. Deben sentirse destinatarios del mensaje del Papa Francisco: “Derechos humanos se violan…por existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades”.

Junto a la ineficacia gerencial y la ambición lucrativa manifestada en la narco corrupción, condujeron al incremento de la pobreza a la cual se añade el hambre. Cuando el hoy difunto asumió el Poder, los precios del petróleo pasaron de $9 en 1998 a un récord de $145 por barril en el 2008.

Militares de la asonada del 4 de febrero de 1992, reaccionan ante la crisis. En recién documento, acusan a compañeros que usurpan el Poder con enchufados y mantenidos de impulsar “el enfrentamiento de pobres contra pobres para saciar su resentimiento, su mezquindad y garantizar aferrarse al poder y disfrutar con soberbia, arrogancia y descaro, las fortunas que algunos han amasado groseramente, derivadas del saqueo al tesoro nacional y del narcotráfico, entre muchas otras actividades delincuenciales”.

AL MARGEN: Con satisfacción registramos las opiniones favorables al rechazo del golpe parlamentario planteado en pasada columna. Sentimos la aislada ofensa de acusarnos de chavistas.

jordanalberto18@yahoo.com

El comentario de la semana

La resolución del Consejo Permanente (CP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado miércoles 01 a favor del diálogo entre los factores de poder en nuestro país para la resolución de la grave crisis que nos afecta, produjo declaraciones encontradas entre los factores en pugnas, cuestión que no debe sorprender, ya que la resolución es bastante ambigua en términos diplomáticos y se presta para diferentes interpretaciones para los que no están familiarizados con el lenguaje de estas instancias internacionales. Efectivamente, abordar la cuestión en función del texto aprobado solamente, es tener una visión parcial de la resolución en discusión.

Por una parte, los interlocutores del régimen, dicen anotarse un triunfo porque en el texto no aparece ninguna condena explícita al mismo y no se aplicó la Carta Democrática Americana, solicitada por el secretario general de la OEA, obviando que la referida carta no estaba en discusión y obviando, también, que resoluciones de este tipo difícilmente sancionan o condenan directamente regímenes o gobiernos, aún en las peores circunstancias; es una política de dejar siempre salidas, no para el gobierno sancionado, sino para el pueblo que representan, que es el que está sufriendo las consecuencias en última instancia.

Lo que debe entender el gobierno, es que el mero hecho de que el Consejo Permanente se haya visto obligado a realizar una reunión de urgencia, cancelando agendas previas, para redactar una resolución que afecta a un país miembro, es una llamada de atención explicita al gobierno de ese país de que se está saliendo de los principios democráticos y de convivencia aceptados en los convenios internacionales libremente aprobados por el conjunto de países signatarios incluyendo el afectado. En consecuencia, el régimen debe entender, y seguramente es así puertas adentro, que ha sido amonestado en una primera instancia y que de no corregir, o aceptar las recomendaciones de la resolución, pueden venir pronunciamientos más fuertes, incluyendo la aplicación efectiva de la sancionatoria Carta Democrática que aún está vivita y coleando.

De la otra parte, de los factores de oposición democrática, deben de hacer la tarea al pie de la letra, aceptando la comisión negociadora integrada por tres ex presidentes que fija la resolución y presentar un petitorio unificado constitucional, democrático, pacífico y electoral, sin estridencia (eso se lo pueden dejar al gobierno) pero con firmeza y pensando siempre en el beneficio de la sociedad venezolana. Hasta ahora 1 a 0 a favor de la oposición democrática.

04 de junio de 2016